El alcalde sostuvo que el servicio fue auditado y negó que se tratara de un arrendamiento de maquinaria.
Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel respondió a la denuncia presentada por los exalcaldes Gustavo Elizondo y Ramón Galindo en torno al contrato de barredoras mecánicas utilizado por el Municipio de Juárez entre 2022 y 2024.
La querella fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por los presuntos delitos de peculado y uso indebido de facultades, con señalamientos sobre un posible daño patrimonial superior a los 105 millones de pesos.
Ortiz Orpinel rechazó los señalamientos y afirmó que el procedimiento relacionado con el servicio fue auditado, acreditado y realizado conforme a la normatividad aplicable.
“Posiblemente ese día no tenían nada que hacer y para no estar aburridos presentaron la querella a sabiendas que carece de fundamento”.
El alcalde también cuestionó los argumentos de los exfuncionarios municipales y sostuvo que existe una confusión sobre la naturaleza jurídica del contrato, al señalar que no se trató de un arrendamiento de maquinaria, sino de una prestación integral de servicios.
El director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, explicó que el servicio operó de 2022 a 2024 y permitió atender 142 calles y avenidas principales de Ciudad Juárez.
De acuerdo con el funcionario, durante ese periodo se retiraron 20 mil 343 toneladas de tierra de arrastre, con un registro de 297 mil 884 kilómetros recorridos por las barredoras mecánicas.
Solís Kanahan sostuvo que, en su momento, la prestación del servicio fue revisada por instancias fiscalizadoras y que la documentación correspondiente fue presentada para acreditar los trabajos realizados.
La denuncia de Galindo y Elizondo señala presuntas irregularidades en la contratación de ocho máquinas barredoras y plantea que el esquema habría generado un daño al erario municipal, acusaciones que deberán ser revisadas por la autoridad competente.
Ortiz Orpinel insistió en que el contrato respondió a una necesidad operativa de la ciudad, luego de varios años sin contar con barrido mecánico en las vialidades, y afirmó que la administración municipal defenderá la legalidad del procedimiento.

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