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    abril 15, 2024 | 18:26

    Investigan trata de personas contra migrantes en albergue

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    Personas en tránsito acusaron que en el refugio Aposento Alto, ubicado en Lomas de Poleo, sufrieron violaciones contra sus derechos, por lo que presentaron una queja ante la CEDH

    Ciudad Juárez (ADN / Martín Orquiz) – Personas en tránsito denunciaron que fueron víctimas de violaciones a sus derechos durante su estancia en el albergue Aposento Alto, ubicado en Lomas de Poleo, un lugar que funciona como templo, comedor comunitario y habilitado como refugio, lo que generó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), que detuvo a la persona encargada del centro.

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    Un trabajo periodístico publicado en La Verdad, medio digital de Ciudad Juárez, narra que la situación comenzó a gestarse cuando los migrantes dieron a conocer los abusos ante representantes de una organización internacional que proporciona ayuda humanitaria.

    Su exposición generó que fueran echados del sitio en abril pasado por la pastora, Velia Hernández, quien administraba el refugio, ubicado en la calle Tomate.

    Las y los afectados denunciaron que sufrían maltrato, actitudes hostiles y manipulación, así como la obligación de pagar 200 pesos a la semana y realizar obras de construcción.

    Además, les vendían la comida, insumos de higiene y educativos que eran donados por la Unicef y Acnur como parte de la ayuda humanitaria, tampoco los dejaban salir y tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad sobre lo que ocurría en el sitio.

    En mayo, fue interpuesta una queja ante al CEDH para señalar a las instancias de los tres niveles de gobierno ante las omisiones por las agresiones denunciadas y las que sufrían quienes permanecían en el albergue.

    Ante las acusaciones, la FGE abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas, fue detenida el pasado 27 de julio a través de una orden de aprehensión y presentada ante un juez de Control, quien le impuso un año de prisión preventiva.

    La pastora fue acusada por un agente del Ministerio Público de presuntamente cometer el delito de trata de personas, previsto en el Artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en las fracciones IV, V y VI.

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