La Fiscalía Anticorrupción del Estado ha intervenido dos propiedades en el residencial Campestre, en el contexto de una investigación por enriquecimiento ilícito que implica a un ex funcionario municipal.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un esfuerzo por combatir la corrupción y asegurar la transparencia en la administración pública, la Fiscalía Anticorrupción del Estado ha realizado el aseguramiento de dos inmuebles en la zona residencial Campestre, uno habitado y otro en construcción. Esta acción es parte de una investigación en curso relacionada con el enriquecimiento ilícito de un ex funcionario municipal, identificado solo por sus iniciales D.S.P.M.
El Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, convocó a una rueda de prensa para informar sobre los detalles de la operación, indicando que se actuó bajo una orden judicial emitida por un juez de control del distrito judicial Bravos.
“Antes de proceder con el aseguramiento, dimos oportunidad a que salieran dos menores y una mujer del inmueble habitado”, explicó Valenzuela.
Valenzuela aclaró que la investigación apunta a D.S.P.M, quien desempeñó cargos durante dos administraciones municipales consecutivas y es señalado como el propietario de las propiedades cuyo valor combinado se estima preliminarmente en 26 millones de pesos. Se está realizando un avalúo para determinar el valor real de ambos inmuebles.
El fiscal enfatizó que aunque el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuellar y su familia habitaban uno de los inmuebles, la investigación actualmente no está dirigida hacia él sino hacia el ex funcionario mencionado. Valenzuela destacó la seriedad y el profesionalismo con el que se está llevando a cabo la investigación, derivada de varias denuncias hechas por colectivos locales, anónimos y cobertura periodística.
“Quiero precisar que no hay acusaciones contra el alcalde; sin embargo, todas las denuncias que tenemos en la fiscalía se van a investigar. Ninguna se quedará sin ser atendida”, agregó Valenzuela.
Este caso destaca la continua lucha contra la corrupción en la región y refuerza el compromiso de las autoridades de hacer cumplir la ley, garantizando que cualquier acto de corrupción no quede impune.
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