Gobernadores rarámuri denuncian retención ilegal de una habitante de San Luis de Majimaji en oficinas del Registro Agrario Nacional en Chihuahua.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Gobernadores indígenas y representantes ejidales del municipio de Bocoyna denunciaron públicamente a funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chihuahua por presuntos actos de abuso, hostigamiento y retención ilegal cometidos contra una mujer rarámuri, ejidataria de San Luis de Majimaji. La afectada, identificada como Manuela Cobo Armendáriz, presentó una denuncia formal contra el delegado estatal del RAN, Joaquín Solorio Urrutia, a quien señala como principal responsable del maltrato ocurrido durante un trámite agrario.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre, cuando Manuela acudió a las oficinas del RAN en la ciudad de Chihuahua para registrar una sentencia que la acreditaba como sucesora de los derechos agrarios de su tío. Durante el trámite, detectó una irregularidad en la expedición del acuse de recibo, pues este fue emitido a nombre de otro funcionario, Fausto Barraza Bátiz, sin su consentimiento.
Después de completar el proceso, Cobo Armendáriz recibió una llamada de su comunidad informándole que debía regresar al RAN por solicitud directa del delegado Solorio Urrutia, quien supuestamente requería un paso adicional. Una vez en las oficinas, fue acusada falsamente de haber sustraído una mochila con documentos, por lo que fue conducida a una oficina donde fue retenida por casi hora y media, según su testimonio, sin poder salir ni comunicarse con nadie.
En la denuncia, fechada el 17 de octubre de 2025 y dirigida al director en jefe del RAN, Luis Cruz Nieva, la mujer detalla que durante ese lapso fue insultada, intimidada y amenazada con llamar a la policía si no firmaba una declaración de culpabilidad. “Me hostigó llamándome ladrona y ratera. Me retuvo en contra de mi voluntad en su oficina, humillándome por mi origen y mi género”, escribió en su declaración, la cual fue acompañada por gobernadores rarámuri y enviada también a instancias como la SEDATU, el INPI, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos en Guachochi y el Órgano Interno de Control del RAN.
Posteriormente, las cámaras de seguridad de las oficinas comprobaron que no había cometido ningún robo, por lo que se le permitió retirarse. No obstante, nunca se le ofreció una disculpa ni se reconoció oficialmente el error. Ante esto, los gobernadores indígenas Mecelio Torres Cruz y Mauricio Núñez Rentería firmaron un documento en respaldo a la denunciante, exigiendo la destitución inmediata del delegado por abuso de autoridad y discriminación.
Además de lo sucedido con la acusación, la mujer denunció haber sido víctima de violencia institucional y discriminación, y pidió garantías para que las personas indígenas sean tratadas con dignidad y respeto al acudir a realizar trámites en instancias federales. Su denuncia fue respaldada por comunidades rarámuri, quienes afirman que este tipo de maltratos no son casos aislados, sino parte de un patrón de exclusión y maltrato en instituciones agrarias.
Se espera que la tarde de este viernes 7 de noviembre, se llevare a cabo una reunión clave en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua capital. Al encuentro están convocados el director en jefe del RAN, la directora estatal de Derechos Humanos y el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quienes recibirán a la afectada junto con representantes comunitarios. Durante la reunión se abordarán las exigencias de justicia, reparación y posibles sanciones administrativas y legales.
Los representantes indígenas también han denunciado que el delegado Solorio Urrutia presume tener respaldo político del exfuncionario estatal Víctor Quintana Silveyra, situación que, según ellos, ha alentado una conducta impune en su gestión. “Juzguen ustedes —señalan los líderes indígenas—, ya que en casos anteriores, como el de los tocamientos con la presidenta, ya hubo cárcel por acoso. ¿Qué debería pasar en este caso?”, cuestionaron en su pronunciamiento.
Manuela Cobo concluyó su denuncia con una exigencia firme de justicia, señalando que no solo fue víctima de un error, sino de una estructura institucional que, a su juicio, continúa reproduciendo el racismo y la violencia de Estado contra los pueblos originarios.
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