El coordinador estatal del PAN acusó al Gobierno federal de presionar al Poder Judicial y cuestionó la imputación por traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Marco Bonilla, coordinador estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, acusó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener como preso político al exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta un proceso por presunta traición a la patria.
Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en Ciudad Juárez, Bonilla sostuvo que la acusación contra Jáuregui es desproporcionada y que, desde su interpretación, no se cumplen los elementos legales necesarios para configurar el delito.
“¿César Jáuregui es un preso político? Por supuesto que lo es, es un preso político del Gobierno federal”, afirmó ante los reporteros.
El coordinador estatal del PAN también cuestionó las declaraciones que la presidenta Sheinbaum ha realizado sobre el caso, al considerar que representan una presión indebida sobre las autoridades judiciales.
Señaló que la titular del Ejecutivo federal debe respetar la presunción de inocencia y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una condena anticipada.
“El Poder Judicial debe respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y, sobre todo, la independencia del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo”, expresó.
La declaración ocurrió después de que se conociera la admisión del recurso de apelación presentado por la defensa de Jáuregui contra el auto de vinculación a proceso dictado el pasado 25 de octubre.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito admitió el recurso mediante un acuerdo fechado el 13 de noviembre, dentro del toca penal 211/2026, y programó una audiencia de alegatos para el 20 de enero de 2027, a las 11:30 horas.
La admisión del recurso permite revisar la resolución judicial, pero no implica que el exfiscal haya sido exonerado ni modifica, por sí misma, las medidas cautelares que lo mantienen privado de la libertad.
Jáuregui enfrenta señalamientos relacionados con la presunta participación de agentes extranjeros en actividades vinculadas con el aseguramiento de un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua. La responsabilidad penal del exfuncionario deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
Bonilla amplió sus críticas al Gobierno federal al cuestionar el discurso presidencial sobre la soberanía nacional.
A su juicio, las mayores amenazas para México provienen del crimen organizado, lo que describió como populismo autoritario y una mentalidad de dependencia que, sostuvo, debilita al país.
El panista mencionó las desapariciones, los homicidios y la intervención de grupos criminales en procesos electorales como ejemplos de problemas internos que comprometen el ejercicio de la soberanía.
Insistió en que el caso de Jáuregui debe resolverse mediante pruebas y argumentos jurídicos, sin interferencias políticas.
“La justicia debe actuar con pruebas, debe actuar conforme al derecho y no debe actuar con presiones políticas, mucho menos con presiones de la presidenta de México”, manifestó.
Aunque Bonilla calificó el encarcelamiento como una persecución política, durante la conferencia no presentó pruebas que acreditaran una intervención directa del Ejecutivo federal en las decisiones del tribunal.
La condición de preso político es una caracterización sostenida por el coordinador estatal del PAN, mientras que el proceso penal contra Jáuregui continúa abierto y sin sentencia definitiva.

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