La propuesta busca garantizar apoyo psicológico, jurídico y laboral durante 12 meses tras el egreso de espacios de protección.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En una acción inédita de colaboración entre legisladoras de distintos partidos, un grupo de diputadas encabezadas por Nancy “La China” Frías, propuso una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de crear un modelo nacional de atención integral postviolencia para mujeres sobrevivientes que egresan de refugios.
La iniciativa fue presentada en conjunto por las diputadas Irlanda Dominique Márquez Nolasco, Joceline Vega Vargas, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías y Alma Yesenia Portillo Lerma, y será turnada al Congreso de la Unión, donde se buscará que sea dictaminada y votada como una reforma de alcance federal.
La propuesta plantea que el Estado mexicano —en sus tres niveles de gobierno— garantice un seguimiento obligatorio, homogéneo y gratuito durante al menos 12 meses para cada mujer que haya sido protegida en un refugio por situación de violencia. El acompañamiento incluirá atención psicológica, asesoría jurídica y vinculación laboral, reconociendo que la etapa posterior al egreso representa un alto riesgo de revictimización.
Nancy Frías, legisladora del PAN, sostuvo en tribuna que el día después de salir de un refugio es uno de los más vulnerables para las mujeres. “El refugio salva vidas, pero el seguimiento garantiza que puedan reconstruirlas. No podemos permitir que una mujer enfrente sola el día después”, afirmó.
Datos de la Red Nacional de Refugios revelan que el 68% de las mujeres atendidas no recibe apoyo posterior, y que 1 de cada 4 regresa con su agresor debido a la falta de redes institucionales. Por ello, la iniciativa busca cerrar esta brecha, al establecer una responsabilidad legal para que las autoridades den continuidad al proceso de protección.
Además, Frías señaló que este acompañamiento está reconocido como una obligación en materia de derechos humanos, conforme a tratados internacionales firmados por México y a precedentes como la sentencia “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a implementar medidas estructurales contra la violencia feminicida.
Las legisladoras coincidieron en que esta propuesta no busca crear nuevas estructuras administrativas, sino fortalecer y articular los servicios existentes en los tres niveles de gobierno, generando protocolos de actuación coordinados entre los sistemas DIF, fiscalías, centros de justicia, instituciones de salud, empleo y vivienda.
Uno de los elementos que destacaron fue el consenso multipartidista que acompaña la reforma. Legisladoras de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo respaldaron la propuesta, lo que fue interpretado como un mensaje político de que la defensa de las mujeres puede trascender las diferencias ideológicas.
El siguiente paso será el análisis en comisiones del Congreso de la Unión, donde se espera que esta propuesta construida desde Chihuahua pueda convertirse en modelo legislativo a nivel nacional, abriendo paso a una política pública de acompañamiento integral, efectiva y sostenida para mujeres sobrevivientes de violencia de género.
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