Legisladora plantea 19 cuestionamientos al secretario de Seguridad por presunta colaboración sin autorización federal.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local María Antonieta Pérez Reyes presentó ante el Congreso del Estado un conjunto de 19 cuestionamientos dirigidos al secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, para que aclare la legalidad de un posible esquema de colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos en la Torre Centinela, en Ciudad Juárez.
La legisladora señaló que el planteamiento de permitir la participación de agencias extranjeras en un complejo estratégico de seguridad podría representar una vulneración al marco constitucional, en caso de no contar con autorización del Gobierno Federal.
“Grave no es solo que pretendan meter agencias extranjeras a un complejo estratégico de seguridad; grave es que lo anuncian como si el Gobierno del Estado tuviera facultades para disponer de la soberanía nacional”, expresó.
De acuerdo con lo expuesto, la Torre Centinela está proyectada como un centro de mando enfocado en inteligencia, análisis y vigilancia tecnológica, con integración de subcentros en distintas regiones del estado y atención prioritaria a delitos fronterizos.
La diputada advirtió que cualquier colaboración con agencias como DEA, FBI o CBP requiere autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de coordinación con instancias federales, conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
Entre los cuestionamientos planteados, se solicita precisar si existe autorización formal de la Cancillería, el alcance de la supuesta colaboración, así como si contempla presencia física de agentes extranjeros, acceso a instalaciones o a sistemas de inteligencia.
La legisladora cuestionó si existe autorización federal previa y bajo qué fundamento legal se planteó compartir instalaciones estratégicas con agencias extranjeras.
Asimismo, se pide aclarar si se han sostenido reuniones formales con autoridades estadounidenses, si existen convenios firmados o si se ha considerado permitir acceso a información estratégica generada por el Estado mexicano.
Pérez Reyes subrayó que la Constitución establece que la conducción de la política exterior corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal, por lo que los gobiernos estatales no tienen facultades para establecer acuerdos directos en materia de seguridad internacional.
En este contexto, también cuestionó si el funcionario reconoce que anunciar este tipo de համագործación sin autorización previa podría constituir una actuación fuera del marco legal y si estaría dispuesto a suspender cualquier implementación en caso de no contar con el aval federal.
La solicitud fue turnada para que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emita una respuesta formal ante el Congreso local, en medio del debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y soberanía nacional.
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