Pide que el crimen no quede impune y se refuercen las estrategias de seguridad en Chihuahua.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El asesinato de Lauro Orozco, exalcalde del municipio de Ignacio Zaragoza, generó una firme reacción por parte del diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya, quien exigió justicia y lanzó un llamado urgente para atender la violencia que persiste en varias regiones del estado de Chihuahua. Lozoya calificó a Orozco como un hombre de palabra y de compromiso, cuya pérdida representa no sólo una tragedia personal para su familia, sino también una alerta sobre la creciente inseguridad en la zona noroeste.
Orozco, quien se desempeñó como presidente municipal de Ignacio Zaragoza, era considerado un referente local por su cercanía con la comunidad y su historial de servicio público. Su asesinato ocurre en un contexto en el que los homicidios dolosos y los hechos de violencia siguen golpeando a municipios rurales de Chihuahua, particularmente aquellos que colindan con la Sierra Tarahumara, una región históricamente afectada por la presencia del crimen organizado.
“Le arrebataron la vida, pero no su legado”, expresó Lozoya, visiblemente consternado, al exigir una investigación transparente y sin dilaciones. El legislador de Movimiento Ciudadano subrayó que los crímenes contra líderes comunitarios no deben quedar impunes y deben ser tratados como asuntos de prioridad nacional, especialmente cuando se pone en riesgo el tejido social en comunidades pequeñas.
Además, el legislador hizo un exhorto a los gobiernos estatal y federal para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, reiterando que la dignidad y seguridad de las familias chihuahuenses no pueden seguir dependiendo del nivel de exposición mediática de cada caso. “Es momento de actuar con responsabilidad y contundencia, antes de que la violencia termine de descomponer la vida comunitaria en muchas regiones del estado”, dijo.
El crimen de Lauro Orozco ha generado muestras de solidaridad en redes sociales y entre actores políticos locales, quienes han señalado la necesidad de revisar las estrategias actuales de seguridad, especialmente en municipios que no cuentan con infraestructura policial suficiente ni presencia efectiva de corporaciones estatales o federales. En muchos casos, estas comunidades quedan en situación de vulnerabilidad ante grupos delictivos.
Mientras tanto, las autoridades no han dado a conocer avances significativos en la investigación. La Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una carpeta de investigación, sin proporcionar hasta el momento detalles sobre posibles líneas de investigación. Organizaciones civiles en la región han insistido en que el esclarecimiento del crimen será clave para devolver algo de confianza a las comunidades afectadas por la violencia.
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