Con 18 votos en contra, legisladores rechazaron la propuesta de Morena para solicitar la separación temporal de la gobernadora durante las investigaciones.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua desechó este martes 3 de noviembre un exhorto presentado por la diputada de Morena, Magdalena Rentería Pérez, para solicitar que la gobernadora María Eugenia Campos Galván pida licencia temporal a su cargo, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en operativos de seguridad realizados en la entidad.
La propuesta fue rechazada con 18 votos en contra de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), de acuerdo con el reporte de la legisladora. También se registraron dos abstenciones de representantes del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde, mientras que otras dos diputaciones no emitieron su voto.
Rentería Pérez cuestionó el resultado de la votación y señaló que la mayoría legislativa impidió avanzar en una solicitud que, desde su perspectiva, buscaba fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas respecto al operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde se investiga la intervención de ciudadanos estadounidenses en actividades vinculadas con corporaciones estatales de seguridad.
La diputada sostuvo que la gobernadora debe explicar qué conocimiento tenía su administración sobre la presencia de personal extranjero en operaciones de seguridad, particularmente ante los señalamientos surgidos durante las investigaciones y las distintas versiones oficiales relacionadas con las actividades desarrolladas en territorio chihuahuense.
Entre los cuestionamientos planteados se encuentran las posibles autorizaciones para la participación de agentes extranjeros, los mecanismos de supervisión institucional y la identificación de los funcionarios responsables de coordinar las actividades realizadas durante el operativo.
El caso de El Pinal derivó en investigaciones estatales y federales sobre la actuación de funcionarios de seguridad, después de que se conociera la presencia de agentes estadounidenses en un despliegue contra instalaciones utilizadas para la producción de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara.
En octubre, el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público, dentro de las investigaciones relacionadas con posibles omisiones en la cadena de mando y los protocolos aplicados durante el operativo. También enfrenta un proceso federal por el delito de traición a la patria, sin que las vinculaciones a proceso constituyan una sentencia condenatoria.
Para Rentería Pérez, la salida de Jáuregui de la Fiscalía General del Estado no resuelve los cuestionamientos sobre las decisiones tomadas por las autoridades estatales, por lo que consideró necesario esclarecer quién permitió la participación de personas extranjeras, cuáles fueron los controles institucionales aplicados y qué funcionarios tenían conocimiento de esas actividades.
La legisladora señaló que, según los elementos conocidos durante los procedimientos judiciales, la relación entre personal extranjero y corporaciones de seguridad estatales podría remontarse a octubre de 2025, situación que consideró necesario investigar para determinar el alcance de esa colaboración.
El punto de acuerdo también contemplaba solicitar a la Fiscalía General del Estado información sobre los protocolos de cooperación con personas extranjeras, las autorizaciones correspondientes, los controles sobre armamento y los registros de acceso a instalaciones de seguridad.
Asimismo, planteaba que el Poder Ejecutivo estatal transparentara las comunicaciones y decisiones relacionadas con el caso, con el objetivo de conocer qué autoridades participaron en los procedimientos de coordinación y cuáles fueron los fundamentos legales utilizados.
Rentería Pérez aclaró que la solicitud de licencia temporal no representaba una declaración de culpabilidad contra la gobernadora, sino una medida política que, desde su perspectiva, permitiría desarrollar las investigaciones sin cuestionamientos sobre una posible influencia del Poder Ejecutivo estatal.
En contraste, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, había rechazado previamente que Campos Galván necesitara separarse del cargo, al defender la actuación del Gobierno estatal y señalar que se han establecido mecanismos institucionales para investigar los hechos relacionados con El Pinal.
La controversia también había llegado al Congreso el pasado 27 de octubre, cuando la salida de legisladores de distintas bancadas provocó la falta de quórum e impidió discutir el exhorto promovido por Rentería Pérez, que posteriormente fue retomado para su votación.
Tras el rechazo de la propuesta, la diputada morenista cuestionó la actuación de los legisladores que votaron en contra y sostuvo que las investigaciones deben permitir esclarecer si existieron irregularidades administrativas, incumplimiento de protocolos o posibles vulneraciones a las disposiciones que regulan la participación de agentes extranjeros en México.
“La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende respetando la ley y asumiendo responsabilidades. Chihuahua merece conocer la verdad”, sostuvo la legisladora.
Con la votación de este martes, el Congreso rechazó solicitar formalmente la licencia temporal de la gobernadora, mientras las investigaciones relacionadas con el operativo de El Pinal continúan en las instancias correspondientes para determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Con información de La Jornada, El Diario de Chihuahua y Norte de Chihuahua.
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