La diputada de Morena pidió revisar las designaciones de Gilberto Loya y Daniel Terrazas para determinar si cumplen los requisitos legales.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena Jael Argüelles Díaz solicitó investigar posibles irregularidades en los nombramientos de funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), al cuestionar si las recientes designaciones cumplen con los requisitos constitucionales y legales establecidos para ocupar cargos relacionados con la procuración de justicia.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante el Congreso del Estado, la legisladora exhortó al Poder Ejecutivo estatal a garantizar que los nombramientos se realicen conforme al marco jurídico vigente y solicitó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para determinar si existen hechos que pudieran constituir responsabilidades penales.
Los señalamientos se concentran en Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, y Daniel Abraham Terrazas Parada, recientemente designado fiscal de Distrito Zona Centro, cuyos nombramientos fueron cuestionados por la congresista en relación con los requisitos profesionales y de antigüedad exigidos por la legislación.
Argüelles Díaz sostuvo que las designaciones en instituciones responsables de investigar delitos deben responder a criterios de preparación profesional, experiencia y cumplimiento normativo, por encima de consideraciones partidistas o relaciones políticas.
“Las deudas partidistas no pueden estar por encima de la ley, ni la lealtad política puede sustituir la capacidad profesional”.
La diputada pidió revisar la documentación que respalda ambos nombramientos, particularmente los antecedentes profesionales y el cumplimiento de las condiciones legales requeridas para ejercer funciones dentro de la Fiscalía.
El cuestionamiento ocurre después de que, el 21 de octubre, Gilberto Loya anunció la designación de Daniel Abraham Terrazas Parada como fiscal de Distrito Zona Centro, en sustitución de Heliodoro Araiza Reyes, dentro de los movimientos administrativos realizados en la institución.
Antes de asumir esta responsabilidad, Terrazas Parada se desempeñaba como director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
El nuevo fiscal cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y más de 15 años de trayectoria en el servicio público, durante los cuales ha ocupado cargos como director general jurídico de la Fiscalía estatal, regidor del Ayuntamiento de Chihuahua y subdirector jurídico de la Tesorería Municipal.
Por su parte, Loya ha señalado que los recientes cambios forman parte de una reestructuración institucional vinculada con un nuevo modelo de procuración de justicia y seguridad, integrado por nueve ejes de trabajo, entre ellos el fortalecimiento de las investigaciones y la reorganización administrativa.
Argüelles Díaz consideró necesario que las autoridades competentes determinen si las designaciones se ajustaron a los procedimientos establecidos, sin que los cuestionamientos formulados constituyan por sí mismos una acreditación de irregularidades o delitos.
La legisladora también planteó observaciones sobre los resultados de la procuración de justicia en Chihuahua, para lo cual presentó indicadores relacionados con el número de investigaciones iniciadas y la confianza ciudadana en las instituciones.
De acuerdo con las cifras citadas durante su posicionamiento, en 2025 se registraron 73 mil 762 carpetas de investigación, mientras que, según su exposición, únicamente se inició una carpeta por aproximadamente el 6 por ciento de los delitos.
Asimismo, mencionó un nivel de confianza ciudadana del 60.5 por ciento, indicador que utilizó para argumentar la necesidad de revisar el funcionamiento institucional y las condiciones de atención a las víctimas.
Las cifras fueron expuestas por la legisladora como parte de su argumentación, aunque el planteamiento difundido no precisa la metodología ni los universos estadísticos utilizados para establecer estos porcentajes.
La congresista sostuvo que la revisión de los nombramientos debe realizarse mediante criterios jurídicos y procedimientos institucionales, de manera que cualquier posible responsabilidad sea determinada por las autoridades facultadas para investigar.
“Chihuahua merece una Fiscalía que haga cumplir la ley, no una que parezca encontrar la manera de evadirla”.
La solicitud presentada ante el Congreso contempla que la Fiscalía Anticorrupción examine los hechos señalados y determine si existen elementos para iniciar las investigaciones correspondientes, conforme a sus atribuciones legales.
Hasta el momento, la información difundida sobre el punto de acuerdo no establece que exista una resolución judicial o administrativa que haya declarado ilegales los nombramientos cuestionados, ni precisa si la propuesta legislativa fue sometida a votación.
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