La afectada acusa al titular Joaquín Solorio Urrutia de hostigamiento y retención ilegal durante un trámite.
Ciudad Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – La ciudadana rarámuri Manuela Cobo Armendáriz, ejidataria del poblado San Luis de Majimachi, municipio de Bocoyna, interpuso una denuncia formal contra Joaquín Solorio Urrutia, titular del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chihuahua, por presunto maltrato, hostigamiento, acusaciones falsas y retención contra su voluntad durante un trámite oficial.
En el documento fechado el 17 de octubre de 2025, dirigido al director en jefe del RAN, Luis Cruz Nieva, Cobo Armendáriz detalla que acudió el 22 de septiembre a las oficinas del organismo para registrar una sentencia que la acredita como sucesora de los derechos agrarios de su tío. Sin embargo, detectó irregularidades en el trámite, ya que el acuse de recibo fue expedido a nombre de otro funcionario, Fausto Barraza Bátiz, sin su consentimiento.
Posteriormente, la mujer asegura que fue engañada para regresar a las oficinas, donde el propio Solorio Urrutia la acusó falsamente de haber robado una mochila con documentos y la retuvo por casi hora y media sin permitirle comunicarse ni retirarse. Durante ese tiempo, denunció haber sido insultada, intimidada y amenazada con llamar a la policía, mientras se le exigía firmar una declaración de culpabilidad.
“Me hostigó llamándome ladrona y ratera. Me retuvo en contra de mi voluntad en su oficina, humillándome por mi origen y mi género”, se lee en la denuncia firmada por la afectada (pág. 4).
La mujer indígena solicitó la intervención de las autoridades agrarias y de derechos humanos para investigar los hechos y garantizar un trato digno a las personas indígenas que realizan gestiones ante el RAN.
El documento también fue remitido con copia al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al Órgano Interno de Control del RAN, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, así como al Sistema Nacional de Denuncias Ciudadanas y a la Comisión de Derechos Humanos en Guachochi, entre otras instancias.
Cobo Armendáriz concluyó su escrito afirmando que exige justicia y respeto, denunciando haber sido víctima de discriminación, abuso de autoridad y violencia institucional por parte de funcionarios públicos encargados de atender al sector agrario.
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