El legislador de Movimiento Ciudadano afirma que la resolución del Tribunal Electoral representa un retroceso para la libertad de expresión.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, condenó la resolución del Tribunal Estatal Electoral que obliga al abogado Miguel Alfonso Meza a ofrecer disculpas públicas por señalar presuntos vínculos entre una jueza y el crimen organizado.
El legislador calificó la decisión judicial como un retroceso para la libertad de expresión en México, al considerar que envía un mensaje de intimidación contra ciudadanos que realizan denuncias públicas o cuestionan a las autoridades.
“Estamos viviendo tiempos que recuerdan a la Santa Inquisición, en donde se pretende castigar al ciudadano que se atreve a cuestionar al poder. No vamos a tolerar que se corte la libertad de expresión de Miguel Alfonso Meza”, expresó.
Sánchez Villegas sostuvo que el caso refleja un clima preocupante de censura institucional, en el que quienes denuncian posibles actos de corrupción o vínculos indebidos con el poder enfrentan sanciones o presiones desde las propias instituciones.
El diputado anunció además que brindará apoyo jurídico y acompañamiento al abogado Miguel Alfonso Meza, al considerar que la resolución del tribunal vulnera derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la crítica pública.
En ese contexto, recordó que desde el Congreso de Chihuahua ha impulsado la Ley Anti Dato Protegido, una propuesta legislativa que busca impedir que autoridades utilicen mecanismos administrativos o legales para obligar a ciudadanos a retractarse o silenciar críticas contra funcionarios o instituciones públicas.
“En una democracia verdadera nadie debe ser obligado a pedir disculpas por ejercer su libertad de expresión. Ningún tribunal puede convertirse en un instrumento para intimidar o censurar a los ciudadanos”, afirmó.
El legislador reiteró que la libertad de expresión debe mantenerse como un principio central de la vida democrática, particularmente cuando se trata de señalamientos relacionados con posibles actos de corrupción o vínculos con organizaciones criminales.
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