La 68 Legislatura de Chihuahua aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, instando a los actores administrativos de la educación a evitar la solicitud de documentación que esté sujeta a criterios de temporalidad o vigencia limitada como requisito para la inscripción escolar.
Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Este llamado se fundamenta en el reconocimiento de la validez plena de las actas previamente expedidas por el Registro Civil.
La diputada Rosana Díaz Reyes, quien presentó la proposición, argumentó que condicionar la inscripción a la presentación de actas de nacimiento recientes representa una limitación indebida al acceso a la educación, un derecho consagrado en el artículo Tercero Constitucional.
La legisladora destacó que esta práctica no solo afecta a los estudiantes, sino que también impone una carga adicional a las familias que buscan inscribir a sus hijos en las instituciones educativas.
Díaz Reyes subrayó que la burocratización excesiva en los trámites educativos no responde a criterios de eficiencia o seguridad jurídica.
Al contrario, solicitar documentos actualizados sin una razón válida refleja un rezago institucional que contradice los principios de simplificación y accesibilidad que deben regir la administración pública.
Esta situación ha generado un descontento creciente entre los padres de familia, quienes se ven obligados a cumplir con requisitos que no tienen fundamento legal.
Además, la diputada señaló que no existe en la legislación estatal o federal un precepto que obligue a la ciudadanía a renovar periódicamente la documentación para trámites administrativos.
Sin embargo, muchas instituciones educativas continúan solicitando copias recientes de las actas de nacimiento, justificando esta exigencia con la necesidad de contar con información “actualizada”.
Esta práctica, según la legisladora, no solo carece de fundamento legal, sino que también representa una carga económica innecesaria para las familias chihuahuenses.
Muchas de ellas deben destinar recursos a la obtención de un documento que ya poseen en regla, lo que se convierte en un obstáculo adicional en un contexto económico complicado.
Finalmente, Díaz Reyes enfatizó que incluso los gastos que parecen menores pueden resultar significativos para muchos hogares.
El costo de traslado a las oficinas del Registro Civil, el tiempo perdido en filas, las dificultades con sistemas digitales que no siempre funcionan adecuadamente, y la erogación de recursos por un trámite redundante, constituyen un lastre adicional para las familias de escasos recursos en el estado.
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