Defensa advierte que un amparo podría permitir al presunto agresor enfrentar el proceso en libertad.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El caso de una menor identificada como “Azul”, víctima de abuso sexual, podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la posibilidad de que el presunto agresor obtenga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
La diputada local María Antonieta Pérez Reyes informó que, junto con el equipo legal que representa a la menor, se busca impugnar la resolución de un juez federal que concedió un amparo en revisión al imputado, quien es el padre biológico de la víctima.
De acuerdo con lo expuesto, el recurso legal no implica su liberación inmediata, pero sí abre la puerta a que se revisen las medidas cautelares, lo que podría derivar en que enfrente el proceso fuera de prisión.
“Se está solicitando que se revisen las medidas cautelares por si hay posibilidad de otorgarle una medida cautelar alterna”.
El equipo jurídico señaló que la estrategia contempla recurrir la resolución ante instancias superiores y, eventualmente, llevar el caso ante la Suprema Corte, al considerar que existe una interpretación que podría contravenir lo establecido en el artículo 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa en delitos graves.
En este contexto, se advirtió que el caso podría sentar un precedente a nivel nacional, debido a los criterios judiciales aplicados en torno a delitos sexuales contra menores de edad.
“Estamos buscando que se mantenga la prisión preventiva oficiosa en este tipo de delitos”.
La menor, quien se encuentra dentro del espectro autista, fue víctima de abuso en 2025. Por estos hechos, tanto el padre como otra persona relacionada permanecen actualmente en prisión, mientras se desarrolla el proceso judicial.
La madre de la víctima también denunció que la defensa del acusado ha intentado acercarse a la menor durante sus terapias, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones emocionales adicionales.
Finalmente, la representación legal indicó que el proceso de impugnación podría tardar hasta seis meses en resolverse, periodo en el que insistirán en evitar que el imputado obtenga su libertad, al considerar que se trata de un caso de alta gravedad que involucra a una menor de edad.
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