El coordinador del PRI en el Congreso de Chihuahua exige investigación a fondo y castigo a los responsables.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, atribuyó a presuntos actos de corrupción vinculados con la familia López Obrador la tragedia ocurrida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, hecho en el que murieron 13 personas y varias más resultaron heridas.
El legislador priista expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y sostuvo que el incidente no puede considerarse un accidente, sino la consecuencia de una serie de irregularidades que, afirmó, fueron advertidas con antelación y no atendidas por el Gobierno federal.
Medina señaló que la tragedia había sido anunciada desde que se hicieron públicos audios en los que presuntamente se involucra a personas cercanas a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en prácticas como contratos inflados, simulación de supervisiones y fallas técnicas en la obra del Tren Interoceánico.
“La alerta ahí estaba, pero el gobierno de Morena decidió, como es su costumbre, privilegiar el negocio de los López Obrador, aun sabiendo que podría terminar en un hecho como el que hoy tiene de luto a 13 familias mexicanas”.
El diputado sostuvo que para que ocurriera un hecho de esta magnitud debió existir una cadena de irregularidades y complicidades, desde la asignación de contratos hasta la ejecución y supervisión de la obra, mismas que —dijo— estarían relacionadas con tráfico de influencias y uso indebido del poder.
En ese contexto, exigió que las autoridades federales realicen una investigación exhaustiva y que se sancione con severidad a quienes resulten responsables, sin importar su cercanía con las esferas más altas del poder político.
“Es evidente que se trata de un crimen en el que hubo participación de figuras estrechamente relacionadas con las más altas esferas de la 4T”.
Finalmente, Medina demandó que el caso no sea reducido a un debate de narrativas y que no se utilicen las instituciones del Estado para desacreditar a quienes exigen justicia, al considerar que el esclarecimiento de los hechos es una obligación frente a las víctimas y a la sociedad.
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