El Congreso del Estado solicita a la Fiscalía elaborar lineamientos con perspectiva de infancia, género y derechos humanos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó un exhorto presentado por la diputada Leticia Ortega Máynez, del Grupo Parlamentario de Morena, para que la Fiscalía General del Estado (FGE) elabore un Protocolo de Actuación en Delitos Sexuales contra menores de edad cometidos dentro de instituciones educativas o de cuidado, con enfoque de infancia, género y derechos humanos.
Durante su intervención, Ortega Máynez subrayó la gravedad de los delitos sexuales perpetrados en contextos institucionales, donde los agresores suelen ocupar posiciones jerárquicas o de confianza que les permiten ejercer violencia con un alto grado de impunidad. “Este tipo de violencia representa una de las formas más graves de abuso de poder y vulnera profundamente la dignidad de las víctimas”, afirmó.
De acuerdo con datos contenidos en el documento Infancia y Adolescencia en Chihuahua 2024, en el año 2022 se registraron 915 casos de violencia sexual contra menores de entre 1 y 17 años en el estado, de los cuales el 97.4% de las víctimas fueron mujeres, y al menos 30 de los casos ocurrieron dentro de instituciones educativas. Estas cifras colocan a Chihuahua entre las entidades con mayor incidencia en este tipo de delitos.
El exhorto aprobado por mayoría hace referencia también a la información difundida por la FGE en abril de 2025, donde se confirmó la apertura de 71 carpetas de investigación por abuso sexual y maltrato infantil en guarderías de Ciudad Juárez, lo que, según Ortega, “evidenció la ausencia de protocolos ministeriales y periciales adecuados para abordar estos casos con enfoque de infancia y adolescencia”.
La legisladora explicó que, tras una revisión de los instrumentos normativos de la Fiscalía, se identificaron nueve protocolos institucionales vigentes, pero ninguno aborda de manera específica los delitos sexuales contra menores cometidos en espacios de custodia, atención o educación, lo que deja un vacío normativo urgente de atender.
La propuesta establece que el nuevo protocolo debe tomar como base estándares internacionales, particularmente el New Protocol for the Investigation of Sexual Violence, desarrollado por Justice Rapid Response y la Red de Fiscales Iberoamericana, que promueve una metodología centrada en la víctima, informada por el trauma y adecuada al contexto de la niñez.
Ortega Máynez reiteró que la elaboración de este protocolo no solo es una obligación institucional, sino también una deuda moral y jurídica con las niñas, niños y adolescentes del estado, y pidió que el proceso de diseño e implementación sea transparente, incluyente y con participación de organismos especializados en derechos de la infancia.
Con esta aprobación, el Congreso del Estado insta formalmente a la Fiscalía General a desarrollar y publicar este instrumento, que deberá convertirse en una herramienta esencial para la atención adecuada, sensible y efectiva de las víctimas, así como para fortalecer la investigación penal en un ámbito que históricamente ha permanecido invisibilizado.
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