La gobernadora vinculó la incertidumbre del T-MEC y el caso Toyota con el deterioro del Estado de derecho
Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván advirtió sobre posibles impactos económicos para México derivados de decisiones del Gobierno Federal que, a su juicio, afectan la confianza de inversionistas y debilitan el Estado de derecho.
A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, la mandataria estatal sostuvo que semanas atrás alertó sobre los riesgos de mantener una política de protección hacia gobernantes señalados por autoridades de Estados Unidos, particularmente en el contexto de la relación comercial entre ambos países.
Campos Galván afirmó que ese entorno contribuyó a que Estados Unidos rechazara renovar el T-MEC en los términos anteriores y que México permanezca bajo un esquema de revisión anual, situación que, desde su perspectiva, genera incertidumbre para la inversión y para las entidades con vocación exportadora.
Como ejemplo de esa pérdida de confianza, la gobernadora mencionó el traslado gradual de producción de Toyota de Tijuana a Texas, decisión que vinculó con un escenario de presión para el empleo y el capital industrial en México.
“Ya llegó la primera factura para México”, expresó.
La mandataria señaló que algunos actores han buscado minimizar el caso al indicar que el cambio será gradual; sin embargo, sostuvo que la pérdida de confianza también puede avanzar por etapas, primero con una línea de producción, después con una planta y posteriormente con una afectación más amplia para el país.
Campos Galván afirmó que Chihuahua debe observar con especial atención este tipo de decisiones, debido a que su economía está estrechamente vinculada con la manufactura, la exportación y las cadenas productivas de Norteamérica.
La gobernadora también relacionó este escenario con lo que calificó como un deterioro del Estado de derecho en México, al acusar al Gobierno Federal de privilegiar intereses políticos sobre la aplicación de la ley.
En su mensaje hizo referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al cuestionar que continúe sin rendir cuentas pese a señalamientos públicos y a investigaciones relacionadas con su entorno político.
Campos Galván mencionó que la Fiscalía General de la República informó que no cuenta con elementos probatorios suficientes para proceder penalmente contra el mandatario sinaloense, decisión que interpretó como una protección política.
La gobernadora sostuvo que este tipo de decisiones afectan la competitividad del país, reducen la confianza de los inversionistas y pueden terminar impactando a millones de familias mexicanas mediante la pérdida de empleos y oportunidades económicas.
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