Un reciente informe de la cadena CBS reveló que los precios de los productos en Estados Unidos son un 25 % más caros que en 2020, antes de la pandemia del coronavirus. Son datos que coinciden con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que refleja la misma tasa.

Esta situación ha tenido una incidencia directa en la alimentación, especialmente de la población más vulnerable. La problemática del acceso a la alimentación en los hogares estadounidenses persiste como una preocupación seria. Según datos proporcionados por Save the Children, al menos el 17 % de los niños en el país no están recibiendo los alimentos y cuidados esenciales para su desarrollo adecuado.

Este panorama alarmante puede atribuirse a diversos factores, como la escasez de recursos económicos, la pérdida de empleo o los impactos de la inflación.

Lo preocupante es que millones de niños ven comprometido su desarrollo y futuro debido a estas circunstancias, y los indicadores son aún más desfavorables para la población hispana, según Save the Children.

La inflación, en datos

En enero de 2024, la tasa de inflación anual en Estados Unidos fue del 3,1 %, mostrando una disminución de tres décimas en comparación con el mes anterior. La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor fue del 0,5 %, lo que resulta en una inflación acumulada del 0,5% para el año 2024.

Es relevante destacar el aumento del 1,7 % en los precios de vestido y calzado, elevando su tasa interanual al 0,1 %. Este incremento contrasta con la disminución del -0,5 % en los precios del sector del transporte, que experimentó una variación interanual del 1,6 %.

Cabe señalar que en el año 2022 se registró una inflación del 9,1%, la más alta en 40 años, lo que generó un aumento generalizado de los precios, muchos de los cuales han permanecido estables desde entonces.

La realidad actual se refleja en un creciente número de personas que recurren a centros de donación de alimentos en busca de ayuda para satisfacer las necesidades básicas de sus hogares. La combinación de la inflación y la falta de oportunidades ha golpeado duramente a las familias, exacerbando la situación y generando una creciente demanda de asistencia alimentaria. La lucha por garantizar una alimentación adecuada y un entorno propicio para el desarrollo infantil se presenta como un desafío urgente que requiere atención y acción por parte de la sociedad y las autoridades pertinentes.

¿Qué es la canasta básica?

La canasta básica se refiere al conjunto de productos esenciales que una familia necesita para satisfacer sus necesidades básicas de consumo. Estos productos abarcan alimentos básicos, artículos de cuidado personal, productos de limpieza y, en algunos casos, servicios esenciales como transporte, contribuyendo así a una dieta equilibrada.

La determinación de la definición y la cantidad de productos en la canasta básica suele recaer en organismos gubernamentales responsables de medir el costo de vida y establecer políticas económicas.

La función principal de la canasta básica es proporcionar una referencia para evaluar el impacto de los precios en el costo de vida y orientar políticas destinadas a asegurar el acceso a elementos esenciales para una vida digna.

De manera que la canasta básica sirve como indicador económico nacional que engloba los productos alimentarios e higiénicos mínimos necesarios para la subsistencia de las personas. El concepto de canasta alimentaria se originó a principios del siglo XX, gracias al químico inglés Seebohm Rowntree, quien lo desarrolló en 1902 para abordar la problemática de la pobreza entre los trabajadores en la ciudad de York.

En entrevista con la Voz de América, Mariana Joyal, gerente de medios y alianzas de la organización No Kid Hungry, una organización estadounidense que vela por el bienestar alimenticio de los menores, señala que los datos son muy “críticos” en tanto que “uno de cada cinco niños en Estados Unidos vive con hambre”. Además, según los datos con los que trabaja la entidad, la situación se agrava en la comunidad hispana.

“En el caso de los niños latinos es casi el doble, es más de uno de cada tres”, agrega Joyal al respecto.

La institución acaba de invertir más de un millón de dólares para apoyar a 17 organizaciones que sirven a latinos e inmigrantes. La portavoz de No Kid Hungry asegura que hay un desconocimiento sobre la política de carga pública que se traduce en que muchas familias no acuden a buscar ayuda para sus hijos por miedo a que luego le cancelen los trámites migratorios.

Para contextualizar este escenario hay que remontarse a 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump “emitió una resolución que amplió drásticamente esta definición de carga pública e incluyó programas de nutrición como SNAP”, que son algunos de los programas disponibles para que la población más vulnerable pueda acceder a alimentos gratuitos o a menor costo.

¿En qué consiste la política de carga pública?

La política de carga pública en Estados Unidos se refería a un conjunto de reglas y criterios utilizados por el gobierno para determinar si un solicitante de visa de inmigrante o ajuste de estatus podría convertirse en una carga pública para el país. La carga pública se define como una persona que depende significativamente de la asistencia pública para su sustento.

La Administración de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) evaluaba varios factores, como el uso de programas de asistencia social como cupones de alimentos, asistencia en efectivo y atención médica subvencionada por el gobierno. Si un solicitante era considerado probable de convertirse en una carga pública, podía ser denegada su solicitud de visa o ajuste de estatus.

Una parte fue derogada por el actual gobierno

Sin embargo, la actual administración de EEUU revocó esa medida a principios de 2021, incluyendo protecciones a este tipo de programas. “Estas protecciones hacen explícito que el uso de programas de nutrición, de vivienda o el uso de programas de atención médica no representan determinaciones de carga pública”, recuerda Joyal.

Pese a todo, lamenta que hay “un efecto de miedo y temor” entre la comunidad migrante a la hora de acceder a estos beneficios, por las consecuencias que podrían tener en temas migratorios.

“Sabemos que entre 3 y 4 millones de niños de familias inmigrantes que son elegibles para estos programas han lidiado con mucho temor para acceder”, apuntaba la portavoz de la organización.

A su juicio, es necesario impulsar campañas para dar confianza a estas comunidades más vulnerables para que se acojan a los programas de ayuda. “Es decir, trabajar directamente con miembros de la comunidad que se conocen, que se ven en la iglesia, en la escuela, en los mercados, que son parte de su comunidad”, decía convencida de que “es crucial en la creación de confianza con las comunidades” para “crear entornos que sean acogedores e inclusivos”.

“Hay que quitar el miedo”

Por su parte, Marissa Calderón, directora asociada de empoderamiento familiar de la organización sin ánimo de lucro Chicanos por la Causa en Arizona, lamenta que es “inaceptable” que en un país como Estados Unidos haya población con hambre.

“Ningún niño, adulto, familiar debe estar pasando hambre”, decía la mujer recalcando que los fondos de ayuda deben emplearse para “el bienestar de la comunidad”.

Esta organización ha impulsado su propia campaña para explicar a la comunidad migrante que aunque utilicen las ayudas del gobierno para fines alimenticios no va a repercutir en su estatus migratorio. “Estamos en los barrios, con los vecinos y platicamos para informarles y quitarles ese miedo”, puntualizaba.

Según el informe más reciente sobre la situación de los niños a nivel mundial, al menos 12 millones de niños en Estados Unidos están experimentando algún grado de desnutrición. Además, la inseguridad alimentaria ha aumentado en más del 60 % desde marzo de 2020. Esta tendencia comenzó durante la pandemia de COVID-19 y afecta a personas de diversos niveles socioeconómicos, lo que significa que no se limita a un grupo específico de la sociedad.