Llegó a México el coronavirus COVID-19, en las tres etapas que dio a conocer el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, mediante las que giró instrucciones a la nación para enfrentar esta pandemia.
Estando en la etapa UNO con actividades normales en el país, en un momento que nos tomó a todos por sorpresa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simultáneamente con el Poder Judicial de Estado, cerraron los juzgados el martes 18 de marzo, por tratarse de día inhábil el lunes 17.
El comunicado llegó dando la orden de que los juzgados deben permanecer cerrados del 18 de marzo al 18 de abril, con motivo de la pandemia que mantiene al mundo aislado y que gracias a la alta tecnología de los medios de comunicación y a las redes sociales, nos mantienen informados sobre los avances y características del virus, así como la forma en que debemos protegernos toda la población.
El lunes 30 de marzo, la Secretaría de Salud emitió la Emergencia Nacional, solicitando que nos quedemos en casa, hasta el día 30 de abril, ya que por decreto todas las actividades NO esenciales deben acatar la orden para evitar el contagio del virus, que mantiene en alerta al mundo entero.
En la lista que emite el gobierno destaca la Procuración e Impartición de Justicia como una actividad esencial, lo que significa que los juzgados deben continuar con sus labores y obligaciones derivadas de los juicios que están por resolverse y los nuevos que ameriten atención especial, como aquellos donde se ejerce violencia contra la mujer, o contra la familia, pensión alimenticia, protección a menores, medidas preventivas de protección. Entre otras.
La experiencia que nos deja esta contingencia de salud, es que el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado, carecen de preparación ante una medida de emergencia, para afrontar al menos lo mínimo para evitar actos delictuosos, así como las medidas de protección que requieren las personas vulnerables, cuya impartición de justicia debe ser expedita como lo establece la Constitución.
La Mesa de Trabajo de Litigantes, que se formó con el principal objetivo de coadyuvar en las actividades de los tribunales, para solicitar oportunamente todo aquello que obstaculice el debido cumplimiento de impartición de justicia, actualmente continúa participando para solucionar todo tipo de problemas que entorpezca al debido proceso.
Nos hemos topado incluso, con los diversos caracteres de Juezas y Jueces que retrasan los juicios por la interpretación que hacen de los códigos. También hemos denunciado a las y los que son prepotentes y autoritarios. Actualmente La Mesa de Trabajo de Litigantes, registra a la mayoría de los abogados de la localidad, así como la participación de los principales representantes de colegios de abogadas y abogados.
Ante la Emergencia Nacional, hemos solicitado al Poder Judicial de Estado, que se habiliten los juzgados utilizando las herramientas que tenemos de la alta tecnología, como lo es la consulta remota, el internet, correos electrónicos, grabaciones de audio y video, que son útiles para continuar los juicios. Pues con la medida de cerrar, no solo retrasa sino que también impide que la justicia se imponga ante actos que afectan el entorno familiar y social.
Otro tema relevante es, que mientras la Constitución y leyes del Estado han implementado a la mediación como una herramienta útil más, se hayan detenido en publicar el Reglamento de la Ley de Justicia Alternativa, así como apoyarse de los facilitadores privados que NO existen porque el Poder Judicial del Estado lo tiene a medias, es decir, solamente han otorgado facultades de facilitador de oficio operando con éxito, pero no es suficiente para la demanda.
El Instituto de Formación y Actualización Judicial, ha impartido cursos de especialización y diplomados en gestión de conflictos y mediación donde acredita egresados con éxito. A través de facilitadores autorizados, se pueden resolver todo tipo de asuntos en los que se descarte la violencia, pues en esos asuntos solamente las autoridades son competentes. Pero se puede apoyar para resolver conflictos vecinales, escolares, familiares, laborales y civiles. El Estado de Chihuahua ya cuenta con especialistas en gestión de conflictos y mediación, que pueden colaborar eficientemente para evitar la saturación en los juzgados familiares principalmente.
Siendo una actividad esencial la procuración e impartición de justicia, deberá equiparse a los juzgados con todo lo necesario para que los juicios no se detengan por ningún motivo.
Héctor Molinar Apodaca
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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