Una suspensión provisional limita expresiones del secretario; la defensa plantea además ocho acciones y omisiones que deberán analizarse judicialmente.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Una jueza federal concedió una suspensión provisional a favor de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano y ordenó al secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, abstenerse de realizar pronunciamientos de culpabilidad o expresiones que puedan vulnerar su presunción de inocencia.
La determinación fue emitida el pasado 5 de noviembre por el Juzgado Tercero de Distrito en Chihuahua, dentro del juicio de amparo 2673/2026-XIII-7 promovido contra actos atribuidos al funcionario estatal.
La resolución cautelar no establece que De la Peña haya cometido una violación constitucional ni determina responsabilidad administrativa o penal, pero sí considera necesario imponer temporalmente límites a sus declaraciones mientras continúa el análisis judicial del caso.
De acuerdo con la defensa de Domínguez Anguiano, la jueza examinó expresiones públicas atribuidas al secretario general de Gobierno y advirtió una posible afectación a la presunción de inocencia de la promovente.
La determinación señala además que los funcionarios de alto rango tienen obligaciones especiales de diligencia y constatación razonable de los hechos al emitir declaraciones públicas, debido a la autoridad e influencia que deriva de sus cargos.
El efecto concreto de la suspensión es que De la Peña deberá abstenerse de realizar pronunciamientos de culpabilidad o expresiones insidiosas que puedan vulnerar la presunción de inocencia de Andrea Domínguez en relación con la información vinculada a su denuncia.
La demanda de amparo incluye, además, ocho señalamientos específicos sobre acciones y presuntas omisiones atribuidas al secretario general de Gobierno, los cuales forman parte de los antecedentes y actos reclamados que deberán ser analizados dentro de los procedimientos correspondientes:
- Conocimiento de la denuncia: la defensa sostiene que De la Peña reconoció haber revisado la queja presentada por Andrea Domínguez el 6 de octubre de 2026 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la que denunció amenazas, intimidación y posibles abusos de autoridad.
- Conocimiento previo de su situación: la promovente afirma que el secretario admitió conocerla y haberla recibido anteriormente en la Secretaría General de Gobierno, donde acudió en busca de apoyo y respuestas institucionales, por lo que plantea determinar desde qué momento tenía conocimiento de su caso.
- Presunta descalificación y minimización pública: Domínguez atribuye a De la Peña declaraciones que, según su demanda, desacreditaron su denuncia o minimizaron los hechos expuestos en lugar de favorecer una respuesta institucional de protección.
- Posible afectación a la presunción de inocencia: las expresiones públicas atribuidas al funcionario fueron analizadas por la jueza federal, quien consideró procedente conceder una suspensión provisional para proteger cautelarmente ese derecho.
- Presunta falta de activación de mecanismos de protección: la defensa cuestiona que no se hubieran puesto en marcha medidas institucionales pese al conocimiento que atribuye al funcionario sobre las amenazas y la situación de riesgo denunciada.
- Presunta falta de canalización institucional: se plantea que Domínguez no habría sido remitida oportunamente a las autoridades competentes del sistema estatal encargado de la protección de las mujeres.
- Presunta falta de evaluación urgente de riesgo: la demanda cuestiona que no se hubiera promovido una valoración inmediata para determinar el nivel de amenaza y las medidas necesarias para proteger la integridad de la promovente.
- Presunta falta de coordinación para prevenir represalias: la defensa sostiene que no se habrían impulsado acciones suficientes para garantizar una intervención institucional independiente y evitar intimidaciones, represalias u obstáculos derivados de las denuncias y recursos legales promovidos por Domínguez.
Los ocho puntos corresponden a los planteamientos formulados por la defensa y su inclusión en la demanda no significa que hayan sido acreditados judicialmente. La suspensión provisional contiene, hasta ahora, un pronunciamiento específico únicamente respecto de la posible afectación a la presunción de inocencia derivada de declaraciones públicas atribuidas al secretario.
La defensa sostiene que los hechos denunciados podrían trascender el juicio de amparo si se llegaran a acreditar determinadas conductas y deberes jurídicos incumplidos, con posibles consecuencias constitucionales, administrativas o incluso penales.
Sin embargo, la existencia de esas posibles consecuencias dependerá de que las autoridades competentes acrediten los hechos, identifiquen obligaciones concretas y determinen si se actualiza alguna responsabilidad prevista en la legislación aplicable.
El caso tiene como antecedente la denuncia presentada por Andrea Domínguez ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la que expuso amenazas, intimidación y posibles abusos de autoridad, además de solicitar protección institucional.
La defensa sostiene que el elemento central consiste en determinar qué conocían las autoridades estatales sobre esa situación, desde cuándo lo conocían y qué acciones realizaron o dejaron de realizar después de tener conocimiento de ella.
La resolución del 5 de noviembre introduce ya un límite judicial concreto sobre las declaraciones públicas del secretario general de Gobierno, al considerar necesario proteger provisionalmente la presunción de inocencia de Domínguez mientras se resuelve el fondo del juicio.
El Juzgado Tercero de Distrito fijó para este 12 de noviembre, a las 9:26 horas, la audiencia incidental en la que deberá determinarse si la medida cautelar se mantiene mediante una suspensión definitiva.
Las medidas de protección institucional solicitadas por Andrea Domínguez continúan también entre las cuestiones planteadas dentro del procedimiento.
Por ahora, la decisión federal no prejuzga sobre responsabilidad alguna de Santiago de la Peña, pero sí mantiene bajo revisión constitucional tanto sus declaraciones públicas como las acciones y omisiones que la defensa de Andrea Domínguez le atribuye.
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