Entre Halloween y el Día de Muertos, la frontera exhibe sus colonias fantasmales: territorios condenados al abandono, donde el desarrollo murió hace décadas, las administraciones pasan y miles de habitantes sobreviven entre las ruinas de una ciudad que prometió prosperidad
En Ciudad Juárez no hacen falta disfraces para representar el horror.
Basta recorrer algunas de sus colonias periféricas, caminar por calles destruidas, observar viviendas tapiadas, banquetas inexistentes, terrenos baldíos convertidos en basureros y espacios públicos consumidos por la oscuridad.
Hay sectores donde el tiempo parece haberse detenido hace veinte años.
Las fachadas envejecieron antes que sus propietarios, las paredes conservan las cicatrices del abandono y el paisaje urbano desprende ese olor a humedad, basura, polvo y decadencia que caracteriza a los lugares donde la inversión pública dejó de llegar.
Son escenarios casi cinematográficos, dignos de The Walking Dead, con una diferencia estremecedora: aquí no hay actores ni escenografía. Hay familias, trabajadores, adultos mayores, niños y jóvenes que todos los días intentan construir una vida entre los restos de un desarrollo que nunca terminó de llegar.
Mientras Halloween convierte el miedo en entretenimiento y el Día de Muertos transforma la ausencia en memoria, Ciudad Juárez enfrenta una tragedia mucho menos simbólica: la muerte progresiva de comunidades enteras por inanición urbana.
Colonias que alguna vez representaron la promesa de un patrimonio familiar terminaron convertidas en cementerios de expectativas.
Casas deshabitadas, negocios cerrados, parques sin vida y calles que parecen conducir a ninguna parte integran la geografía de una ciudad fragmentada, donde el código postal puede determinar las oportunidades de educación, movilidad, seguridad y bienestar.
No son colonias muertas porque sus habitantes hayan dejado de luchar; son territorios a los que se les ha negado sistemáticamente la posibilidad de florecer.
La radiografía de una ciudad que envejeció antes de desarrollarse
Los números permiten comprender que esta imagen no es únicamente una construcción literaria. De acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda 2020 del INEGI, el municipio de Juárez alcanzó 1 millón 512 mil 450 habitantes.
A pesar de su enorme importancia industrial, comercial y logística, el crecimiento demográfico no estuvo acompañado de un desarrollo urbano territorialmente equilibrado.
El informe Así Estamos Juárez 2024, de Plan Estratégico de Juárez, documentó que en 2010 el 22.7% de las viviendas particulares se encontraba deshabitado; para 2020 la proporción había disminuido a 10.83%.
La reducción representa un avance, pero también revela la magnitud de un problema que sobrevivió a distintas administraciones.
Una de cada diez viviendas deshabitadas no representa simplemente un inmueble vacío: es una fractura potencial en el tejido comunitario.
La dimensión humana es todavía más inquietante. Una investigación académica publicada en 2024, titulada Vivienda social invadida y la percepción de soledad, identificó en el polígono estudiado del suroriente 102 mil 471 viviendas, de las cuales aproximadamente 10 mil 247 estaban deshabitadas, según datos censales de 2020.
En esa misma delimitación territorial residían 311 mil 803 personas.
El estudio aborda una consecuencia que suele escapar de los presupuestos públicos, la soledad, la incertidumbre y la erosión de la convivencia que pueden acompañar a los fraccionamientos con viviendas vacías.
La urbanización sin comunidad termina produciendo aislamiento; y el aislamiento, cuando se combina con precariedad y ausencia institucional, deteriora las condiciones para ejercer derechos y construir seguridad.
La evidencia también desmiente la cómoda idea de que todo se reduce a una percepción exagerada.
Data México, con información de CONEVAL, registra que en 2020 el 23.66% de la población municipal se encontraba en pobreza moderada o extrema, mientras que otro 25.8% era vulnerable por carencias sociales. Es decir, casi una cuarta parte de la población vivía en pobreza y otra cuarta parte enfrentaba privaciones que comprometían su bienestar.
Son indicadores municipales históricos, no una medición exclusiva de las colonias periféricas ni una estimación de 2026; precisamente por eso, la exigencia de diagnósticos territoriales actualizados resulta indispensable.
El costo económico de vivir entre ruinas
Una colonia abandonada no solamente expresa pobreza, también la reproduce.
El deterioro urbano opera como un impuesto invisible sobre las familias. Una calle sin pavimentar incrementa el desgaste de vehículos, encarece desplazamientos y dificulta la entrada de proveedores.
Un transporte público insuficiente consume horas que podrían dedicarse al descanso, al cuidado familiar, al estudio o a la actividad productiva.
La distancia respecto de escuelas, hospitales y centros de empleo obliga a destinar mayores recursos a necesidades que deberían resolverse mediante una planeación eficiente.
La pobreza urbana no se mide únicamente por cuánto gana una familia, sino también por cuánto le cuesta vivir donde vive.
El fenómeno tiene otra dimensión, la pérdida patrimonial. Cuando un fraccionamiento pierde habitantes, servicios, conectividad y atractivo económico, las propiedades enfrentan riesgos de deterioro y menor demanda.
La vivienda que debía constituir el principal activo de una familia puede convertirse en una carga económica difícil de vender, rentar o rehabilitar.
Los pequeños comercios pierden clientes, disminuyen las oportunidades de inversión local y la falta de actividad refuerza el deterioro del espacio público.
Se forma así una espiral de desvalorización territorial, el abandono expulsa oportunidades y la ausencia de oportunidades profundiza el abandono.
No existe todavía una estimación pública integral que permita asignar una cifra confiable a todas estas pérdidas en Juárez; esa ausencia de medición también debería preocupar a las autoridades.
La paradoja fronteriza es brutal.
Ciudad Juárez ha sido durante décadas uno de los principales motores manufactureros de México, pero la generación de riqueza industrial no garantiza por sí sola bienestar urbano.
La competitividad de una ciudad no puede evaluarse exclusivamente por sus plantas productivas, exportaciones o capacidad de atraer inversiones.
También debe medirse por la calidad de sus calles, la cercanía de sus escuelas, la disponibilidad de servicios, el acceso a espacios públicos y el tiempo que sus trabajadores destinan a desplazarse.
Una economía puede ser competitiva hacia el exterior y profundamente desigual hacia su interior.
El verdadero horror: gobiernos que entierran sus propios planes de desarrollo
El problema político de Ciudad Juárez no es la inexistencia absoluta de instrumentos de planeación, sino la distancia entre lo que se diagnostica, lo que se promete y lo que efectivamente se transforma.
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) cuenta con estudios técnicos y el 14 de agosto de 2024 se publicó una actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible con horizonte a 2040.
Incluso existe un diagnóstico de la zona periurbana que documentó 124 asentamientos humanos afectados por diversas problemáticas urbanas.
Por tanto, no puede afirmarse que nadie haya estudiado el problema.
La pregunta es mucho más incómoda: ¿cuánto de lo diagnosticado se ha resuelto, cuánto permanece pendiente, cuánto cuesta corregirlo y qué administración asumirá la responsabilidad de hacerlo?
Ahí comienza el verdadero cementerio político de Ciudad Juárez.
Cada administración municipal y estatal llega con su narrativa de transformación, inaugura obras, anuncia inversiones y presenta proyectos como si el desarrollo comenzara nuevamente con su periodo de gobierno.
Sin embargo, la ciudad requiere algo que trascienda las fotografías institucionales: una contabilidad histórica y verificable de sus deudas urbanas.
¿Cuántos años acumula cada colonia sin pavimentación integral? ¿Cuántas décadas llevan determinadas comunidades esperando equipamiento educativo, infraestructura hidráulica o espacios recreativos? ¿Cuánto rezago se heredó, cuánto se redujo y cuánto se incrementó durante cada gestión?
Los planes deben dejar de ser únicamente documentos prospectivos para convertirse en instrumentos de rendición de cuentas intergeneracional.
La organización Plan Estratégico de Juárez aportó otra señal contundente.
En su informe Así Estamos Juárez 2025, la pavimentación obtuvo una calificación ciudadana de apenas 5.7 sobre 10, la peor entre los servicios públicos evaluados.
En marzo de 2026, la misma organización volvió a identificar las calles y la pavimentación como uno de los principales focos de insatisfacción urbana.
No se trata de un problema desconocido para las instituciones.
Se trata de una necesidad persistente cuya atención exige prioridades presupuestales, metas territoriales y continuidad administrativa.
El cementerio social: cuando la desigualdad se hereda
El abandono urbano también tiene consecuencias que no aparecen en los reportes de obra pública.
Una infancia que crece sin parques seguros, con escuelas alejadas, trayectos peligrosos y espacios comunitarios deteriorados enfrenta barreras adicionales para su desarrollo.
Cuando el espacio público desaparece o se vuelve hostil, disminuyen las oportunidades de convivencia, deporte, cultura y organización vecinal.
La ausencia de infraestructura no determina inevitablemente la delincuencia, pero puede sumarse a otros factores de vulnerabilidad social, especialmente cuando coincide con violencia familiar, exclusión educativa y falta de oportunidades laborales.
En ese escenario, la imagen de The Walking Dead adquiere su significado más perturbador.
No porque los habitantes de estas colonias sean muertos vivientes, sino porque demasiadas personas han sido obligadas a sobrevivir en lugar de vivir plenamente.
Salen de madrugada a trabajar, recorren grandes distancias, regresan a calles oscuras y destinan sus ingresos a compensar servicios deficientes.
Mientras tanto, los niños crecen, los jóvenes emigran hacia otras zonas en busca de oportunidades y los adultos mayores permanecen en comunidades donde el deterioro parece avanzar más rápido que las soluciones.
A diferencia de una película de terror, aquí la amenaza no desaparece cuando termina la función. Y la reciente crisis pluvial lo demuestra.
El 23 de septiembre de 2026, el Gobierno Municipal reportó preliminarmente afectaciones por lluvias en aproximadamente 400 colonias, 48 de ellas con necesidad de intervención prioritaria, alrededor de 700 viviendas dañadas y unos 200 vehículos afectados.
Estas cifras no prueban que todos los daños sean consecuencia exclusiva del rezago urbano, pero sí exhiben la vulnerabilidad de una ciudad donde la gestión del agua, la infraestructura pluvial, el mantenimiento y la prevención deben ocupar un lugar central en la agenda pública.
El costo político: administrar el deterioro hasta convertirlo en normalidad
La consecuencia más peligrosa del abandono no es únicamente la degradación física del territorio.
Es la normalización política de la desigualdad. Cuando generaciones enteras crecen entre calles destruidas, viviendas abandonadas y servicios insuficientes, existe el riesgo de que la precariedad deje de percibirse como una injusticia y comience a asumirse como destino.
Entonces el Estado deja de ser evaluado por su capacidad para garantizar derechos y comienza a ser celebrado por intervenciones mínimas que deberían formar parte de sus obligaciones ordinarias.
En esas condiciones, una jornada de limpieza se convierte en acontecimiento político, una calle pavimentada en conquista electoral y una luminaria instalada en motivo de propaganda.
La administración de las carencias sustituye a la transformación estructural.
Los presupuestos se fragmentan, las soluciones se aplazan y el rezago termina siendo políticamente rentable cuando permite prometer repetidamente aquello que no fue resuelto durante años.
La responsabilidad, por supuesto, no puede reducirse a una sola administración, partido o nivel de gobierno.
El deterioro territorial es acumulativo, como también lo son las omisiones públicas.
Precisamente por ello resulta imprescindible distinguir responsabilidades mediante evidencia: identificar cuándo se originó cada déficit, qué gobiernos dispusieron de recursos para atenderlo, qué intervenciones se realizaron, cuáles fracasaron y qué compromisos permanecen incumplidos. Sin esa trazabilidad, cada cambio de gobierno funciona como una amnistía administrativa para el pasado.
Ni un Día de Muertos más para el futuro de Juárez
Ciudad Juárez necesita un inventario público del rezago urbano histórico, con información por colonia, indicadores verificables, antigüedad de las carencias, población afectada, costos de intervención y responsables institucionales.
Necesita programas multianuales que no desaparezcan con los relevos políticos, presupuestos coordinados entre municipio, estado y federación, y evaluaciones ciudadanas que permitan contrastar las inversiones anunciadas con las condiciones reales de vida.
La planeación debe dejar de limitarse al crecimiento futuro y asumir también la reparación del daño urbano acumulado.
No se trata de reconstruir fachadas para embellecer estadísticas, sino de recuperar comunidades. No basta con rehabilitar calles si los habitantes continúan sin servicios suficientes, equipamiento social, seguridad y oportunidades económicas.
La regeneración urbana debe comprender vivienda, movilidad, educación, salud, espacios públicos y desarrollo comunitario como componentes inseparables de una misma política.
De otro modo, cualquier intervención será maquillaje sobre un cuerpo urbano enfermo.
Este Halloween, mientras algunos se disfrazan de fantasmas y muertos vivientes, hay una realidad que debería estremecer mucho más a la clase gobernante: las colonias que llevan años esperando ser rescatadas del olvido.
Y mientras México prepara sus altares para recordar a quienes partieron, Ciudad Juárez debería levantar un altar simbólico para las promesas de desarrollo que nunca se cumplieron, para los proyectos abandonados, para las inversiones postergadas y para las oportunidades perdidas de miles de familias.
Porque el verdadero horror no está en los cementerios, sino en una ciudad que permite que sus comunidades se conviertan en ellos.
Las colonias de Juárez no huelen a muerte porque su gente haya dejado de vivir. Huelen al envejecimiento de las promesas incumplidas, al desgaste de la indiferencia y a la descomposición de una política urbana incapaz de garantizar continuidad.
Los habitantes no son los zombis de esta historia. Son quienes mantienen viva una ciudad que demasiadas veces les ha dado la espalda.
Y si algo debería quedar escrito sobre las tumbas de tantos proyectos inconclusos, sería un epitafio tan breve como demoledor.
Aquí yace el desarrollo que cada gobierno prometió y ninguno terminó de construir.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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