Una acusación debe abrir una investigación, no una condena en redes.
La escuela necesita recuperar su condición de lugar seguro para aprender y enseñar. Los alumnos deben poder denunciar una conducta indebida; los maestros, defenderse de un señalamiento. Ambas garantías tienen que funcionar al mismo tiempo.
Cuando una acusación basta para dictar sentencia en redes y la institución responde según el tamaño del escándalo, hemos perdido la brújula. Y ningún croquis nos sacará de ahí.
Durante generaciones, la escuela fue un recinto casi sagrado. Los maestros, aquellos apóstoles de la educación, gozaban de una confianza que les permitía corregir, exigir y acompañar a nuestros hijos. Hubo abusos, desde luego, y sería irresponsable esconderlos detrás de la nostalgia. Pero reconocerlos tampoco obliga a colocar bajo sospecha a todo el que toma un gis.
Hoy, enseñar puede sentirse como caminar por un campo minado: hay que cuidar la tarea, la corrección y hasta dónde se pone la mirada.
En la primaria Luis Donaldo Colosio, de Martínez de la Torre, Veracruz, un ejercicio para dibujar el trayecto de casa a la escuela terminó en confrontación pública. Una madre cuestionó su finalidad y la privacidad de los domicilios; las redes la bautizaron como “Lady Croquis”. El conflicto llegó a la Fiscalía y el maestro negó los señalamientos. Así, una actividad escolar terminó convertida en espectáculo nacional.
Pero sería cómodo, e incompleto, decir que todo ocurrió por un dibujo. Las familias también señalaron presuntas miradas, gestos y acercamientos inapropiados hacia alumnas. Ciertas o no, se habló de ello.
El profesor sostuvo que sus intervenciones eran académicas y relacionó el conflicto con una llamada de atención durante un ensayo. Son versiones que deben investigarse.
Ni el croquis demuestra acoso ni el carácter habitual de la tarea descarta otras conductas. Hasta ahora no se ha divulgado una resolución que esclarezca esas acusaciones.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, salió en defensa del docente y pidió revisar su situación laboral. Consideró injusto suspenderlo por una actividad incluida en el libro de texto, aunque reconoció que no le habían informado de la denuncia ante la Fiscalía. Su intervención aporta respaldo al maestro, pero deja una pregunta: ¿qué procedimiento protege sus derechos y los de las alumnas sin depender de que la gobernadora se entere? La justicia necesita reglas, no favores desde el micrófono.
Las acusaciones pueden venir de alumnos o de padres de familia. Lo importante es qué hacemos con ellas. Recibir una denuncia exige seriedad; darla por demostrada exige pruebas. Entre ambas cosas hay una investigación.
En redes, ese tramo suele desaparecer: alguien señala, alguien comparte y el tribunal del teléfono emite su fallo. No necesita expediente; con una conexión a internet le alcanza.
Tampoco debemos condenar a la madre mediante un apodo. Es posible que una persona, cuestionada públicamente, añada señalamientos para justificar su reacción inicial. También es posible que existieran motivos previos que el video no muestra. Determinarlo exige revisar fechas y testimonios. Inventarle intenciones sería reproducir el mismo vicio que criticamos: sustituir los hechos por nuestra preferencia.
Otro caso, el del profesor Alberto Israel Jasso obliga a tomar en serio la percepción de indefensión. Antes de quitarse la vida, negó la acusación en su contra y expresó que no confiaba en recibir un juicio justo. Su muerte no probó la falsedad de la denuncia ni resolvió su responsabilidad. Sí dejó una advertencia dolorosa sobre el temor de enfrentar un proceso que él consideraba costoso y sin garantías.
Hace unas semanas fue el hecho en la ciudad de Torreón, entonces escribí, “Matar en la escuela”, donde abordé otra dimensión del peligro: la agresión criminal que acabó con la vida de una maestra en esa ciudad.
Son hechos distintos y deben conservar su diferencia. Sin embargo, ambos nos obligan a preguntar cómo protegemos a quienes enseñan. La escuela pierde su función cuando el miedo empieza a dirigir la clase.
Necesitamos protocolos conocidos: registrar las quejas, preservar pruebas, escuchar a las partes, canalizar los hechos y justificar las medidas de protección. También acompañamiento y plazos.
La discreción institucional debe proteger identidades, especialmente las de menores, sin encubrir abusos ni impedir que una queja desatendida se haga pública. Investigar requiere rigor; guardar silencio para evitar problemas sólo los acumula.
Recuperar la confianza exige adultos responsables y autoridades que rindan cuentas. Una denuncia merece atención; un docente merece defensa. El alumno necesita seguridad y el maestro también.
Si dejamos que el escándalo gobierne, podremos enseñar a dibujar todas las calles del barrio y seguir sin encontrar el camino de la justicia. Ahí está El Meollo del Asunto.
Daniel Valles
Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana.
Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
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