La seguridad energética es la capacidad de un país para garantizar de manera continua, suficiente y confiable el suministro de energía que demandan su población y su aparato productivo, reduciendo su vulnerabilidad frente a factores externos y manteniendo condiciones de acceso y precios razonables.
Hasta 2014, de acuerdo con la Secretaría de Energía, México fue un país superavitario en términos de producción de energía primaria y de autosuficiencia energética, aunque ya desde 2003 el índice de independencia energética venia deteriorándose. Y esto debido al marcado declive en la producción de hidrocarburos que hemos padecido desde hace aproximadamente 20 años.
Todavía en 2010, México producía alrededor de 2.6 millones de hidrocarburos líquidos diarios, mientras que para 2024, la producción ya había caído a aproximadamente 1.8 millones. Esto es, en 14 años dejamos de producir cerca de 800 mil barriles diarios, prácticamente un 30% de la plataforma que teníamos al inicio de ese período. Solamente entre 2023 y 2024, la producción nacional pasó de casi 2 a 1.8 millones de barriles diarios, una reducción del 6% en un año.
Con el gas natural sucede algo similar. Nuestro país perdió alrededor del 41% de su producción entre 2010 y 2024, ya que pasó de 6,337 a 3,760 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). El descenso más pronunciado ocurrió entre 2010 y 2018, período en el que la producción cayó un 41.5%.
En términos de gas seco disponible, la producción nacional para 2025 fue de 2,192 mpcd, mientras que las importaciones alcanzaron 6,890 mpcd; es decir, tres veces más que la producción nacional. Esto es particularmente importante, porque México depende fundamentalmente del gas natural para la generación eléctrica y para diversas actividades industriales. Este gas se importa primordialmente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que tiene sentido desde una perspectiva de integración energética, ya que nuestros vecinos cuentan con una oferta abundante, por ser gas barato asociado a la explotación de yacimientos no convencionales.
En el recientemente anunciado Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos se plantea hasta el 2039 una producción lineal de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y de 6.6 mil mpcd de gas natural, lo que con una demanda máxima proyectada para ese año de 11 mil mpcd, nos mantendrá como importadores del gas estadounidense.
Así, resulta claro que con un magro aumento de tan solo 8 mil millones de pesos en el presupuesto de inversión física de Pemex para el 2027 y la reducción para ese año del 70% de apoyos del gobierno federal, seguiremos seguramente dependiendo de la importación de gas estadounidense, lo que pone en entredicho el concepto de seguridad energética en el que se sustentó gran parte de la política pública en la materia.
El problema principal radica en las limitaciones presupuestales y lo muy poco atractivos que resultan para el capital privado los contratos mixtos de asociación propuestos por Pemex, que se traducen en inversiones físicas claramente insuficientes para mantener la producción de hidrocarburos planteada como metas de energía del gobierno federal
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
