En España, el problema de la vivienda ha llegado a las calles. Miles de personas han salido a manifestarse para exigir medidas que les permitan acceder a un lugar donde vivir sin destinar buena parte de sus ingresos al pago de una renta. El asunto se ha convertido en una preocupación social y política de primer orden.
Lo que ocurre en España debería llevarnos a mirar hacia Ciudad Juárez y preguntarnos si estamos tomando las decisiones necesarias para evitar que el acceso a la vivienda se convierta en un problema de mayores dimensiones.
Porque una ciudad no se construye solamente con calles, fraccionamientos, parques industriales y edificios. También se construye con las posibilidades que ofrece a sus habitantes para vivir, desplazarse, trabajar y desarrollar sus vidas sin que el lugar donde habitan termine por convertirse en una carga económica imposible de sostener.
En Juárez, hablar de vivienda obliga a hablar de planeación urbana. Durante décadas, la ciudad ha extendido su mancha urbana hacia zonas cada vez más alejadas, mientras el Centro enfrenta el reto de recuperar su vitalidad habitacional. No se trata únicamente de dónde construir más casas, sino de cómo aprovechar mejor la ciudad que ya tenemos.
El Informe de Desarrollo Urbano 2025 de Plan Estratégico de Juárez advierte sobre la expansión de la mancha urbana y señala que la producción de vivienda de interés social se encuentra en niveles mínimos frente a otros segmentos del mercado. Es una señal que merece atención: construir vivienda no necesariamente significa construir la vivienda que la población necesita.
Cuando las familias no encuentran opciones accesibles cerca de sus centros de trabajo, escuelas y servicios, terminan desplazándose hacia las orillas. Y ese desplazamiento tiene un costo que va mucho más allá del precio de una casa: más tiempo en el transporte, mayores gastos de traslado y una creciente demanda de infraestructura y servicios en zonas cada vez más distantes.
La ciudad se extiende, pero la calidad de vida no necesariamente crece con ella.
Al mismo tiempo, tenemos un Centro que necesita recuperar habitantes. Rehabilitar viviendas, facilitar que vuelvan a ocuparse los inmuebles disponibles y generar condiciones para que las familias puedan vivir ahí, debería formar parte de una estrategia integral. No basta con mejorar fachadas, rescatar edificios o impulsar actividades comerciales si no conseguimos que el Centro vuelva a ser también un lugar para vivir.
Una ciudad compacta, con vivienda accesible y servicios cercanos, puede aprovechar mejor su infraestructura y reducir las presiones que genera un crecimiento disperso. La planeación urbana no es un asunto reservado a arquitectos, desarrolladores o funcionarios. Es una decisión que repercute directamente en el bolsillo y en la vida cotidiana.
Y aquí aparece otro asunto que no podemos ignorar: el costo de las rentas.
Si los precios aumentan mientras los ingresos de las familias no crecen al mismo ritmo, la vivienda comienza a competir con la alimentación, la salud, la educación y otros gastos indispensables. El riesgo es que vivir en determinadas zonas deje de depender de las necesidades de las personas y termine dependiendo exclusivamente de cuánto pueden pagar.
No necesitamos que Juárez llegue a una situación como la que hoy enfrenta España para reconocer que la vivienda requiere atención pública, reglas claras y una política de largo plazo.
En este contexto, también vale mencionar que recientemente Chihuahua aprobó un fondo estatal de vivienda para trabajadores al servicio del Estado. Es un paso que pone el tema sobre la mesa, pero el desafío para Juárez es mucho más amplio: pensar una política de vivienda que considere también a quienes rentan, a quienes no tienen acceso a estos esquemas y, sobre todo, la manera en que estamos creciendo como ciudad.
Porque proteger a los inquilinos no significa convertir a los propietarios en adversarios. Quien invierte en una vivienda tiene derecho a obtener un rendimiento legítimo, recibir puntualmente el pago de la renta y contar con mecanismos eficaces ante los incumplimientos. Pero quien renta también necesita certeza contractual, protección frente a condiciones abusivas y la posibilidad de planear su vida sin enfrentar aumentos que simplemente no puede asumir.
El equilibrio no consiste en sacrificar los derechos de una parte para favorecer a la otra. Consiste en establecer reglas transparentes, promover contratos claros, facilitar la mediación de conflictos y generar incentivos para que exista más vivienda en renta a precios accesibles.
Ciudad Juárez tiene la oportunidad de discutir estos temas antes de que la presión sobre la vivienda se traduzca en un conflicto social de mayores proporciones. Recuperar el Centro, aprovechar la infraestructura existente, orientar el crecimiento urbano y garantizar opciones de vivienda para distintos niveles de ingreso no son asuntos separados. Son piezas de una misma política de ciudad.
La pregunta es si vamos a seguir reaccionando ante los problemas cuando ya son demasiado grandes o si tendremos la capacidad de anticiparnos.
Porque una ciudad no debería obligar a sus habitantes a elegir entre pagar la renta y cubrir sus necesidades básicas, ni empujarlos cada vez más lejos para encontrar una vivienda que puedan pagar.
La buena planeación urbana no consiste en hacer más grande a Juárez. Consiste en hacerla habitable para quienes ya viven aquí y para quienes todavía sueñan con construir en ella su futuro.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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