El aseguramiento de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa representa, sin duda, un golpe importante contra la capacidad económica y operativa del crimen organizado. Sin embargo, detrás de la espectacularidad de la cifra aparece nuevamente una pregunta que las autoridades federales no han respondido: ¿por qué no hubo un solo detenido?
Los días 2 y 3 de septiembre, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en las inmediaciones de Corralejo y Corral Viejo, dentro del municipio de Culiacán.
El complejo principal ocupaba aproximadamente 5 mil 700 metros cuadrados y fue presentado como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado durante el actual gobierno. En los tres predios se aseguraron cerca de 16 mil 800 kilogramos de metanfetamina, 645 litros de droga en proceso y más de siete toneladas de precursores y sustancias químicas. La afectación económica para la organización criminal fue estimada en 347 millones de dólares.
Omar García Harfuch atribuyó el resultado al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval y al intercambio de información con agencias estadounidenses. La DEA fue bastante más lejos: el 4 de septiembre afirmó en su cuenta oficial de X que, en poco más de una semana, las autoridades mexicanas habían desmantelado ocho importantes laboratorios de metanfetamina con su colaboración. Añadió que esos decomisos no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación de la agencia estadounidense.
No fue una cortesía diplomática ni una referencia genérica a la cooperación bilateral. La DEA presentó su participación como indispensable. Esa diferencia entre las dos versiones merece una explicación: ¿quién generó realmente la inteligencia?, ¿desde cuándo se investigaban los laboratorios?, ¿qué organización los operaba y qué autoridades mexicanas conocían su existencia?
Corral Viejo es una pequeña comunidad rural situada aproximadamente a 42 kilómetros de Culiacán, capital de Sinaloa. Su reducido tamaño y el entorno pueden ayudar a ocultar una instalación durante algún tiempo, pero no explican todo. Una planta de 5 mil 700 metros cuadrados, abastecida con toneladas de precursores, combustible, reactores y generadores, necesariamente requería trabajadores, químicos, vigilantes, proveedores y transportistas. También necesitaba caminos para introducir los insumos y sacar toneladas de producto terminado.
Alguien sabía. Seguramente más de una persona conocía los movimientos o participaba en la red logística. Esto no significa acusar a todos los habitantes de la zona, quienes también pueden vivir sometidos por el miedo. Pero resulta difícil creer que una operación industrial de esa magnitud funcionara sin conocimiento, protección o complicidades.
La contradicción es todavía mayor cuando el propio gobierno informa que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, las Fuerzas Armadas inhabilitaron 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para elaborar drogas sintéticas en 24 estados. No todos eran laboratorios completos ni todos producían fentanilo, pero la cifra revela la dimensión industrial del problema.
Apenas en marzo de 2023, López Obrador afirmaba que en México no se producía ni se consumía fentanilo. Los datos oficiales de la actual administración exhiben hasta qué punto aquella negación sustituyó al reconocimiento de una amenaza que ya estaba presente.
Es posible que el gobierno reserve información por razones operativas. Pero, si así fuera, tendría que decirlo claramente. La reserva temporal puede ser legítima; la opacidad permanente no lo es. Cuando se anuncian toneladas aseguradas, laboratorios destruidos y pérdidas millonarias para los cárteles, pero se omiten los nombres de los responsables y no aparece ningún detenido, la sociedad termina dudando de las investigaciones y de la honestidad de quienes presentan los resultados.
Dieciséis toneladas de metanfetamina no aparecen por generación espontánea. Si existían la droga, los laboratorios, los precursores y una red logística, también existían responsables. El país merece saber quiénes son y por qué, una vez más, nadie fue detenido.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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