Cuando la desinformación se disfraza de defensa de la
libertad de expresión, la memoria se vuelve incómoda.
Hay palabras que en política se desgastan de tanto utilizarlas a conveniencia. “Censura” es una de ellas.
Maru Campos decidió recurrir a esa palabra para atacar una medida impulsada desde la Presidencia de la República en materia de medios y derechos de las audiencias. Y lo hizo mezclando conceptos, confundiendo regulación con persecución y presentando como amenaza a la libertad de expresión aquello que, en esencia, pretende devolverle al ciudadano herramientas para distinguir entre información, opinión, publicidad y propaganda.
Es una jugada políticamente rentable. También bastante tramposa.
Porque una cosa es discutir una ley, cuestionar sus excesos y exigir candados para impedir que mañana cualquier gobierno —de Morena, del PAN o del color que sea— pretenda convertirse en árbitro de la verdad. Eso no solamente es válido: es indispensable.
Otra muy distinta es gritar “¡censura!” cada vez que una regulación toca intereses políticos, económicos o mediáticos.
Y Maru debería conocer la diferencia.
México ya ha conocido formas mucho menos sofisticadas y bastante más efectivas de censura. No siempre llegaban con un policía clausurando una cabina ni con un funcionario arrancándole el micrófono a un periodista. A veces bastaba con cerrar la llave del dinero.
José Gutiérrez Vivó llamó a eso “censura quirúrgica”.
El caso de Carmen Aristeguí o mas aún, el de Monitor Radio que sigue siendo uno de esos episodios incómodos que cierta memoria panista preferiría dejar empolvándose en la hemeroteca. Gutiérrez Vivó denunció que durante el gobierno de Vicente Fox comenzó un bloqueo de publicidad oficial contra su empresa y que éste continuó durante la administración de Felipe Calderón. Cuando Monitor salió del aire en 2007, después de más de tres décadas de transmisiones, el periodista atribuyó una parte fundamental de la crisis financiera de la empresa a ese cerco económico.
La historia, desde luego, fue más compleja. Hubo litigios, deudas y un largo conflicto empresarial con Grupo Radio Centro. Sería irresponsable reducir todo aquello a una sola causa. Pero sería igualmente irresponsable borrar la denuncia pública que durante años sostuvo Gutiérrez Vivó sobre las presiones provenientes del poder.
Eso se parece bastante más a una discusión seria sobre censura.
Porque la censura no necesita siempre prohibir una palabra. También puede retirar publicidad, estrangular económicamente, condicionar convenios, repartir premios y castigos o convertir el presupuesto público destinado a comunicación en una herramienta de disciplina editorial -lo que además es corrupción-.
Y conviene recordar algo que ahora resulta particularmente incómodo: Vicente Fox y Felipe Calderón eran, para ese caso, presidentes emanados del PAN.
El mismo partido de Maru Campos.
Eso no hace responsable a la gobernadora de Chihuahua de lo ocurrido entonces. Pretenderlo sería absurdo. Pero sí obliga a poner en perspectiva la ligereza con la que hoy se utiliza la palabra censura desde el panismo.
Sobre todo porque lo que ahora se discute es otra cosa.
Los derechos de las audiencias parten de una idea bastante sencilla y, curiosamente, bastante democrática: quien escucha radio o mira televisión no es únicamente un consumidor. Es un ciudadano.
Y ese ciudadano tiene derecho a saber cuándo está recibiendo información y cuándo escucha una opinión. Tiene derecho a distinguir una noticia de un anuncio, contenido editorial de propaganda y periodismo de promoción disfrazada.
Eso no es censura.
Por supuesto que cualquier reforma en esta materia debe revisarse con desconfianza. Si la legislación entrega al gobierno federal facultades capaces de convertirse mañana en mecanismos de control editorial, hay que denunciarlas y combatirlas. Si existe una disposición que permita sancionar periodistas por sus opiniones o decidir desde un escritorio gubernamental qué puede publicarse, hay que ponerla bajo la lupa.
Morena tampoco merece un cheque en blanco.
Ningún gobierno lo merece.
Pero ésa no parece ser la discusión que Maru Campos quiere dar.
La gobernadora necesita una batalla más sencilla: Morena censura; nosotros defendemos la libertad.
Un eslogan limpio, cómodo y electoralmente aprovechable.
El problema es que la historia tiene la pésima costumbre de arruinar los buenos eslóganes.
Y ahí sigue Monitor.
Ahí sigue Gutiérrez Vivó.
Ahí permanecen las denuncias sobre el uso de la publicidad oficial como mecanismo de presión contra un medio incómodo durante gobiernos panistas, que prevalece hasta nuestros días en forma de control editorial.
Por eso resulta difícil aceptar ahora lecciones simplistas sobre censura.
Más todavía cuando para impartirlas es necesario deformar aquello que se pretende combatir.
Maru Campos puede estar en contra de la reforma. Puede advertir sobre sus riesgos. Puede exigir modificaciones, recurrirla, combatirla políticamente y convertirla, si quiere, en bandera frente al gobierno federal.
Está en su derecho.
Lo que resulta mucho más difícil de justificar es desinformar para denunciar una supuesta política contra la desinformación.
Ahí la contradicción deja de ser jurídica y comienza a parecerse demasiado a la propaganda.
Y acaso ése sea el verdadero cartel de la mentira: no uno formado exclusivamente por siglas o partidos, sino por quienes descubrieron que en política una falsedad repetida con suficiente seguridad puede viajar mucho más rápido que una explicación.
Hasta que alguien abre la hemeroteca.
Entonces aparecen los nombres, las fechas, las contradicciones y esos viejos fantasmas que el discurso del presente preferiría mantener fuera del aire.
Porque quizá el problema nunca fue que alguien quisiera decidir qué es verdad.
Quizá lo verdaderamente incómodo sea que las audiencias empiecen a exigirle al poder algo mucho más elemental: que demuestre que es cierto lo que dice.
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