En Chihuahua el gobierno estatal parece haber encontrado la fórmula perfecta para no rendir cuentas: culpar de todo al Gobierno de México. Esa ha sido la estrategia permanente de la administración de María Eugenia Campos Galván y del aparato político del PAN. No importa si se trata de homicidios, desapariciones o el control territorial que ejerce la delincuencia organizada en distintas regiones del estado; la respuesta siempre es la misma: señalar a la Federación.
El problema es que esa narrativa se estrella contra la realidad.
Mientras Chihuahua ocupa los primeros lugares nacionales en homicidios dolosos, la gobernadora permanece ausente. Cuando aparece en público, suele hacerlo para insistir en que es víctima de persecución política, como si ese fuera el principal problema de un estado donde miles de familias viven con miedo y la violencia continúa arrebatando vidas.
La crisis institucional tampoco puede ocultarse. Han transcurrido ya dos meses sin que Chihuahua tenga un Fiscal General designado de manera definitiva. La institución encargada de procurar justicia opera en la incertidumbre mientras el gobierno parece incapaz de construir acuerdos para nombrar a quien debe encabezar una de las tareas más delicadas del Estado.
Y por si eso fuera poco, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, parece más ocupado recorriendo el estado para construir una candidatura al gobierno que concentrado en recuperar la tranquilidad de los chihuahuenses. Cuando la prioridad de los responsables de la seguridad es la siguiente elección y no la siguiente estrategia contra el crimen, el mensaje es devastador.
Lo más grave es que la inseguridad se utiliza como herramienta de propaganda. Legisladores, dirigentes y funcionarios panistas reproducen un discurso uniforme cuyo único propósito es responsabilizar al Gobierno Federal de todos los males, como si el Ejecutivo estatal no tuviera obligaciones constitucionales en materia de seguridad, prevención del delito, procuración de justicia y coordinación policial.
La seguridad pública no admite campañas políticas permanentes. Requiere inteligencia, coordinación y responsabilidad. Ningún gobierno puede enfrentar por sí solo a la delincuencia organizada, pero tampoco puede renunciar a sus obligaciones para convertir cada hecho violento en un argumento electoral.
Vale la pena preguntarse: ¿a quién beneficia esta estrategia? No a las víctimas. No a las familias que viven bajo la amenaza del crimen. No a los policías que diariamente arriesgan la vida. Mucho menos a un estado que reclama resultados.
Los únicos favorecidos son quienes encuentran en la confrontación entre gobiernos un espacio para seguir operando. Mientras el PAN convierte la seguridad en un discurso de campaña y el gobierno estatal evade su responsabilidad, los grupos criminales aprovechan la falta de coordinación y fortalecen su presencia.
Gobernar no consiste en repartir culpas. Gobernar implica asumir responsabilidades. Y esa es, precisamente, la gran deuda que hoy tiene la administración de María Eugenia Campos con Chihuahua.
Pedro Torres
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
