Cada gobierno llega prometiendo ampliar libertades. Hasta que descubre una tentación que parece irresistible: controlar el relato. No necesariamente mediante la censura abierta, que resulta demasiado burda para una democracia, sino a través de mecanismos aparentemente nobles, envueltos en conceptos tan incuestionables como “proteger a las audiencias”, “combatir la desinformación” o “garantizar el derecho a la información”. El problema nunca ha sido el nombre de las leyes. El problema siempre ha sido quién termina utilizándolas.
La discusión sobre los nuevos lineamientos en materia de Derechos de las Audiencias merece mucho más que consignas. Nadie sensato podría oponerse a que el ciudadano reciba información diferenciada entre hechos, opiniones y publicidad. Ese es un principio básico de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, la pregunta verdaderamente importante es otra: ¿quién vigilará al vigilante?
La libertad de expresión rara vez desaparece de un día para otro. Se erosiona lentamente. Comienza cuando el gobierno decide que ciertos contenidos necesitan supervisión especial. Continúa cuando esa supervisión se convierte en facultades regulatorias cada vez más amplias. Y termina cuando el poder político deja de ser sujeto de crítica para convertirse en juez de quienes lo critican.
Por eso resulta inquietante que el debate se concentre exclusivamente en las obligaciones de los medios privados mientras se guarda un silencio casi absoluto respecto del mayor aparato de comunicación que existe en México: el propio Estado.
Hoy, la conferencia matutina de la Presidencia dejó de ser hace mucho una simple rueda de prensa. Es un instrumento de comunicación política con una capacidad de influencia que ningún medio de comunicación posee por sí solo. Desde ahí se fijan agendas nacionales, se califican adversarios, se presentan estadísticas, se anuncian políticas públicas y se emiten juicios políticos que, minutos después, dominan la conversación pública en radio, televisión, portales digitales y redes sociales.
Resulta entonces difícil sostener que los ciudadanos necesitan protección frente al poder comunicativo de una estación de radio o de un noticiero, pero no frente al aparato de comunicación del gobierno. Esa contradicción desnuda el verdadero problema del debate.
Si los Derechos de las Audiencias buscan equilibrar la relación entre quien comunica y quien recibe la información, el primer obligado debería ser precisamente quien comunica desde la posición de mayor poder institucional y con recursos públicos.
No se trata de limitar la palabra presidencial. Mucho menos de censurar al gobierno. Se trata de exigir exactamente las mismas reglas que se pretende imponer a los demás. Si una televisora debe distinguir entre información y opinión, el gobierno también. Si un medio está obligado a documentar afirmaciones verificables, la autoridad debería hacerlo con mayor rigor. Si la propaganda debe identificarse como propaganda, ese principio tendría que aplicarse igualmente cuando el mensaje proviene del Estado.
La advertencia realizada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no es menor. Cuando un organismo internacional recuerda que cualquier reforma en telecomunicaciones debe respetar plenamente la libertad de expresión y los estándares internacionales, no está interviniendo en la política mexicana; está recordando un principio elemental de cualquier democracia constitucional: el poder regulador del Estado nunca puede convertirse en una herramienta para desalentar el debate público.
Porque las leyes deben diseñarse pensando en el peor escenario posible, no en el gobernante que hoy simpatiza con nuestras ideas.
Vale la pena hacer un ejercicio incómodo. Imaginemos exactamente estas mismas facultades regulatorias en manos del partido político que más rechazamos. ¿Las aceptaríamos con la misma tranquilidad? Si la respuesta es negativa, entonces el problema no es quién gobierna, sino el tamaño del poder que estamos dispuestos a entregar.
Las democracias maduras no descansan sobre la confianza en sus gobernantes. Descansan sobre límites claros para todos los gobernantes.
En ese sentido, quizá México necesita ampliar la conversación. No basta con hablar de Derechos de las Audiencias. También hace falta construir un verdadero estatuto de derechos ciudadanos frente a la comunicación gubernamental. Uno que obligue a distinguir información institucional de propaganda política; que exija transparencia sobre las cifras oficiales; que establezca mecanismos independientes de aclaración y rectificación cuando el propio Estado difunda información falsa o engañosa; que haga pública la utilización de recursos destinados a comunicar.
Porque la libertad de expresión no consiste únicamente en que el gobierno pueda hablar sin restricciones. Consiste, sobre todo, en que los ciudadanos puedan verificar, cuestionar y confrontar aquello que el gobierno afirma.
Los gobiernos pasan. Las reglas permanecen. Por eso las normas nunca deben redactarse para proteger al poder de hoy, sino para impedir los abusos del poder de mañana.
La democracia no se fortalece cuando el Estado adquiere nuevas herramientas para supervisar la conversación pública. Se fortalece cuando acepta que también él debe someterse a las mismas reglas de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que exige a los demás.
En política existe una máxima que nunca pierde vigencia: quien pretende escribir las reglas del debate mientras participa en él, difícilmente busca garantizar la libertad. Lo que suele buscar es ganar la discusión antes de que ésta comience.
P.D. Hace apenas unos días advertía que una democracia exige dos cosas al mismo tiempo: investigar sin privilegios y acusar con pruebas. Hoy, las imputaciones contra Ernesto Ruffo Appel fueron desechadas sin siquiera superar el primer filtro legal. No hubo caso. No hubo debate. No hubo sustento. Queda una vez más la evidencia de que el linchamiento mediático puede ser mucho más rápido que la justicia, pero nunca debería sustituirla. El Estado tiene el deber de perseguir delitos; no de fabricar espectáculos.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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