La aprehensión de Ernesto Ruffo Appel por su presunta responsabilidad en una organización dedicada al llamado huachicol fiscal representa mucho más que un caso penal. Se trata de un hecho que golpea directamente el discurso con el que la derecha mexicana ha intentado construir la idea de que la delincuencia organizada es un fenómeno exclusivo o protegido por el Gobierno Federal.
Durante años, el PAN y sus principales voceros han insistido en descalificar al gobierno mediante acusaciones generalizadas, buscando convertir la sospecha en argumento político. Sin embargo, los hechos vuelven a demostrar que la corrupción y los vínculos con actividades ilícitas no distinguen colores partidistas. Cuando las investigaciones alcanzan a personajes identificados con la oposición, la narrativa cambia de inmediato: ya no hablan de responsabilidad política, sino de persecución; ya no exigen justicia expedita, sino presunción de inocencia.
El caso de Ruffo Appel no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una larga lista de episodios que han involucrado a personajes ligados al panismo en investigaciones por corrupción o por presuntos vínculos con estructuras criminales. No es el primero y, por desgracia, difícilmente será el último. Conforme avancen las investigaciones es probable que aparezcan nuevos nombres y que más de uno haya comenzado ya a “poner sus barbas a remojar”.
Resulta contradictorio que quienes durante años se presentaron como la reserva moral de la política mexicana hoy enfrenten señalamientos que ponen en duda esa supuesta superioridad ética. La dirigencia panista y varios de sus gobiernos han estado marcados por escándalos de corrupción, abuso de poder y presuntas relaciones con intereses criminales que, en distintos momentos, han sido documentados por las autoridades competentes.
La lección es clara: la justicia no debe tener colores ni utilizarse como herramienta de propaganda. Si existen elementos para proceder contra cualquier persona, sea del partido que sea, corresponde a las autoridades investigar y a los tribunales determinar responsabilidades. Pero también corresponde exigir congruencia a quienes han construido su estrategia política sobre la descalificación permanente de los demás mientras guardan silencio cuando las acusaciones alcanzan a los suyos.
La credibilidad no se sostiene con discursos, sino con hechos. Y hoy, los hechos vuelven a recordar que la corrupción y la delincuencia organizada no son patrimonio de un solo partido. Quienes hicieron de la acusación su principal bandera tendrán que explicar por qué, una y otra vez, aparecen personajes de sus propias filas involucrados en casos que ellos mismos utilizaron para intentar desacreditar a sus adversarios.
Pedro Torres
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