La iniciativa plantea reformas a la Ley Estatal de Educación y al Código Penal para fortalecer la seguridad jurídica del personal educativo.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado con el propósito de brindar mayor protección al personal docente, directivo y administrativo frente a denuncias infundadas y actos de violencia institucional o digital.
El legislador argumentó que las y los trabajadores de la educación enfrentan un contexto de creciente vulnerabilidad derivado de campañas de desprestigio, difamaciones y procedimientos administrativos o penales que, en algunos casos, carecen de sustento, lo que puede afectar su patrimonio, reputación y salud.
“La asimetría en los procesos de queja o denuncia es alarmante. Cuando un docente, directivo o administrativo es blanco de una acusación falsa, ya sea por parte de alumnos, madres, padres de familia o tutores, se activa de inmediato un pesado aparato administrativo o penal que les presupone culpabilidad.”
La propuesta contempla adicionar una fracción al artículo 131 de la Ley Estatal de Educación para establecer como obligación de madres, padres y personas tutoras conducirse con respeto hacia el personal educativo, evitando actos de intimidación, difamación o violencia verbal y física que afecten su integridad o dignidad profesional.
Asimismo, la iniciativa plantea incorporar tipos penales específicos en el Código Penal del Estado para sancionar la violencia ejercida contra docentes y demás trabajadores de la educación, además de endurecer las penas para quienes incurran en estas conductas.
El diputado sostuvo que las consecuencias de las acusaciones sin fundamento pueden traducirse en afectaciones económicas, emocionales y de salud para el personal educativo, incluso cuando posteriormente se acredita su inocencia.
“No se puede tolerar que las escuelas se conviertan en espacios de hostigamiento para quienes educan.”
La iniciativa fue presentada para su análisis en el Congreso del Estado y deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de una eventual aprobación.
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