El sistema de pensiones nació como reconocimiento y recompensa por años de trabajo y servicio; una promesa para que quienes contribuyeron a la economía y al bienestar social no quedaran desprotegidos al envejecer. La idea central era sencilla: el trabajo presente genera derechos para el bienestar futuro. Sin embargo, en varios países esa promesa se ha incumplido, sobre todo en contextos de alta informalidad, como ocurre en México.
El sistema público de pensiones se diseñó para compartir riesgos y garantizar la dignidad de las personas en la vejez. Durante mucho tiempo, el modelo de reparto funcionó mientras la demografía y el crecimiento económico lo permitieron. Pero cambios demográficos y decisiones políticas han hecho que esa promesa sea cada vez más difícil de cumplir.
A veces se compara el sistema de pensiones con un esquema Ponzi porque las aportaciones actuales se usan para pagar a beneficiarios anteriores y la promesa futura depende de nuevos aportantes. Esa comparación revela el riesgo estructural: con el envejecimiento y tasas de natalidad bajas, menos trabajadores sostienen a más pensionados y las cuentas dejan de cuadrar. Cuando un sistema de pensiones falla, las consecuencias son claras: mayor pobreza en la vejez, presión fiscal creciente y pérdida de confianza en las instituciones.
Para encontrar alternativas conviene mirar experiencias de otros países. Suecia reformó su sistema en los años noventa y adoptó un esquema integrado de registro de aportes y ahorro para el retiro, con reglas automáticas y mayor transparencia. Ese diseño busca ajustar prestaciones a la realidad demográfica y reducir la discrecionalidad política. En contraste, el sistema público de Estados Unidos enfrenta tensiones por el envejecimiento de su población y menor proporción de aportantes por pensionado, lo que obliga a considerar medidas como subir impuestos, recortar beneficios o retrasar la edad de retiro. México enfrenta los mismos desafíos demográficos y, además, la informalidad laboral, que limita la cobertura efectiva de cualquier modelo.
Por estas razones, México debería replantear la adopción de modelos ineficientes como el estadounidense y orientarse hacia un diseño inspirado en el sistema sueco, pero adaptado a la realidad mexicana. Esto no significa copiar literalmente un modelo extranjero, sino incorporar los principios de transparencia en el registro de aportes, reglas automáticas que ajusten prestaciones a la demografía y seguridad legal que proteja los fondos.
Para enfrentar la ineficiencia del sistema de pensiones se requieren reformas legales que impidan usos fiscales o políticos oportunistas de los recursos, que permitan al trabajador elegir entre un sistema público de pensiones y planes privados de retiro ofrecidos por instituciones reguladas, que establezcan ajustes automáticos de beneficios vinculados a variables demográficas y económicas con información transparente sobre saldos, comisiones y rendimientos, y que amplíen la formalidad laboral mediante la reducción de impuestos a la nómina y la incorporación de incentivos fiscales para las empresas.
Cuando se respeta el derecho básico del trabajador a decidir y elegir entre alternativas públicas y privadas reguladas o una combinación de ambas, se genera competencia, disciplina y mejor desempeño. Si el sistema de pensiones público supera al privado, los trabajadores lo preferirán; si no, la demanda social obligará al gobierno a impulsar las reformas necesarias. Pero esta opción debe acompañarse de reglas que eviten desigualdades y protejan a los más vulnerables. Si un trabajador no puede decidir su destino, el sistema se vuelve una tómbola.
El verdadero bienestar se refleja en la capacidad de las personas para vivir con dignidad en todas las etapas de la vida y eso exige pensiones justas, transparentes y sostenibles para la etapa de la vejez. La buena voluntad política se demuestra con justicia al esfuerzo de quienes trabajan y les garantice que el retiro sea posible sin trasladar la carga a quienes todavía no han nacido o a quienes apenas empiezan a contribuir.
El objetivo es que la prosperidad se traduzca en seguridad para todos. Las lecciones del modelo sueco y los los focos rojos del estadounidense nos muestran que no existe una solución única: se requiere diseño técnico, voluntad política y consenso social para que la promesa de la jubilación no quede en una ilusión.
Aly Corany Abdallah
Analista, socialdemócrata y librepensador.
Licenciado en Derecho, Licenciado en Gestión y Desarrollo Empresarial, y TSU en Comercialización Inmobiliaria. Actualmente, cursa la Maestría en Derecho Digital y Juicios en Línea. Su enfoque multidisciplinario le permite analizar la realidad política y geopolítica desde una perspectiva integral.
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