La noticia llegó desde Reino Unido con la fuerza de una señal de alarma. El gobierno encabezado por Keir Starmer anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube quedarán fuera del alcance de millones de adolescentes británicos bajo un esquema que comenzará a implementarse a partir de 2027. La medida ha sido presentada como una acción necesaria para proteger a los menores de edad de los efectos nocivos de los entornos digitales y representa uno de los intentos más ambiciosos de regulación tecnológica en Occidente.
La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a una solución real o ante una reacción desesperada de los gobiernos frente a un problema que ya los rebasó?
Durante años, las grandes plataformas tecnológicas construyeron un discurso basado en la libertad, la conectividad y la democratización de la comunicación. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones sobre salud mental, adicción digital, ciberacoso y exposición de menores a contenidos dañinos, comenzó a surgir una narrativa distinta. Los gobiernos empezaron a preguntarse si la infancia había sido convertida en materia prima de un modelo de negocio basado en la atención permanente.
Ese es precisamente el argumento de Reino Unido. El gobierno sostiene que las empresas tecnológicas han fracasado en la protección de niños y adolescentes y que el Estado tiene la obligación de intervenir. El respaldo social parece significativo: diversas consultas públicas revelaron un amplio apoyo de padres de familia a las restricciones por edad. Para muchos, la medida representa una recuperación de la autoridad perdida frente a algoritmos diseñados para mantener cautivos a los usuarios durante horas.
Pero toda regulación de gran alcance trae consigo críticas igualmente profundas. Los detractores advierten que la prohibición puede convertirse en una ilusión de control. Las tecnologías de verificación de edad generan preocupaciones sobre privacidad, vigilancia y recopilación de datos personales. Además, existe una pregunta práctica difícil de responder: ¿realmente se puede impedir que un adolescente acceda a una red social en una época donde una VPN, una cuenta prestada o un simple cambio de configuración pueden saltar los controles?
Las propias empresas tecnológicas han señalado que una prohibición absoluta podría empujar a los menores hacia espacios menos regulados y potencialmente más peligrosos. Paradójicamente, en el intento por protegerlos, podrían terminar alejándolos de plataformas donde existen al menos ciertos mecanismos de supervisión. Reino Unido no está solo en esta cruzada. Australia fue el primer país en implementar una prohibición nacional para menores de 16 años, convirtiéndose en un laboratorio mundial de políticas digitales. Otras naciones han avanzado por caminos similares, aunque con distintos niveles de restricción. Francia, Alemania, Dinamarca, Brasil e Indonesia han debatido o adoptado mecanismos de control parental, límites de edad o restricciones específicas para menores. Sin embargo, Australia sigue siendo el referente más radical y el caso que todos observan para evaluar si estas medidas funcionan.
Y aquí aparece el verdadero clímax de la discusión. Después de meses de aplicación en Australia, los resultados son ambiguos. Por un lado, millones de cuentas de menores fueron eliminadas de las plataformas y las empresas se vieron obligadas a fortalecer sus mecanismos de verificación de edad. Más de 4.7 millones de cuentas fueron bloqueadas o desactivadas tras la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, por otro lado, una gran cantidad de adolescentes continúa utilizando redes sociales mediante distintos métodos para evadir las restricciones. Diversos estudios y reportes indican que una mayoría significativa de menores sigue teniendo acceso a las plataformas prohibidas. Más aún, hasta el momento no existen pruebas concluyentes de una reducción sustancial en problemas como el ciberacoso, la ansiedad o los daños psicológicos asociados al uso de redes sociales.
La diferencia clave entre los países no está únicamente en la edad permitida, sino en la filosofía de la regulación. Mientras algunos gobiernos buscan prohibir, otros intentan educar. Mientras unos apuestan por el control tecnológico, otros prefieren fortalecer la alfabetización digital y la supervisión familiar. La discusión de fondo no es sobre aplicaciones móviles; es sobre quién debe asumir la responsabilidad de formar ciudadanos en la era digital.
México no puede permanecer ajeno a este debate. Nuestro país enfrenta problemas similares: menores expuestos a desinformación, violencia digital, acoso, explotación y dependencia tecnológica. Sin embargo, copiar mecánicamente el modelo británico o australiano podría ser un error. Antes de prohibir, México necesita comprender. Antes de restringir, necesita educar. Antes de delegar la responsabilidad a una aplicación o a un algoritmo de verificación de edad, necesita fortalecer a las familias, a las escuelas y a las instituciones encargadas de formar pensamiento crítico. Las redes sociales no son el problema original. Son el escenario donde se manifiestan problemas mucho más profundos. Prohibir puede generar titulares; educar genera ciudadanos. Y la diferencia entre ambas cosas determinará si estamos construyendo una sociedad más segura o simplemente una sociedad que cree haber encontrado una solución fácil para un problema complejo.
Elias Ascencio
Diseñador gráfico, fotógrafo y docente con más de 30 años de trayectoria artística y educativa. Maestro en Administración Pública y doctorante en Semiótica, ha trabajado en Metro CDMX y marcas nacionales. Líder filantrópico y promotor cultural en México.
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