La reciente reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador mediante una carta enviada desde Palenque debería preocuparnos por una razón distinta a la que ha dominado el debate. Más allá de las referencias a Donald Trump o de las consideraciones diplomáticas, el documento revela la persistencia de una visión profundamente personalista del poder: la idea de que los grandes asuntos nacionales pueden resolverse a través de liderazgos charros autoritarios y no mediante instituciones y procedimientos sólidos.
Esa lógica marcó buena parte del sexenio anterior y sus consecuencias siguen presentes, especialmente en materia de seguridad. La carta recuerda con orgullo episodios en los que asuntos de enorme relevancia nacional fueron abordados mediante interlocuciones directas entre mandatarios, como si la fortaleza de un país dependiera de personalidades y la cercanía (o no) entre gobernantes, lejos de la ley y de la capacidad institucional y la diplomacia.
El problema es que México no enfrenta una crisis de amistades diplomáticas; enfrenta una crisis de Estado de Derecho. Durante años se apostó por una estrategia de seguridad que prometió atender las causas profundas de la violencia, pero cuyos resultados son sumamente cuestionados más allá de opiniones personales. Mientras los homicidios, las desapariciones, la extorsión y el control territorial del crimen organizado continuaban afectando a millones de personas, el discurso oficial insistía en que el problema estaba siendo atendido con abrazos.
Resulta inquietante leer una narrativa donde la seguridad parece depender de faranoísmo y de características personales de los liderazgos. La justicia no puede descansar en estos factores. Los expedientes penales, las investigaciones criminales y la cooperación internacional deben estar respaldados por instituciones fuertes, transparentes y sujetas a controles.
La carta también exhibe una contradicción. Se reivindica la defensa de la soberanía nacional, pero al mismo tiempo se atribuyen avances debido a la relación particular sostenida con un líder extranjero. Una nación verdaderamente soberana no depende de la simpatía de un presidente de otro país, menos de un personaje con el talante volátil de Trump. Depende de la existencia o no de una democracia constitucional de derecho, de sus tribunales, su justicia social y capacidad para garantizar seguridad a sus ciudadanos.
Que “regrese el otro Trump” ¡Qué impresión! No por lo que dice sobre Estados Unidos, sino porque revela sobre nuestra propia cultura política: nostalgia por caudillos que aparece cuando las instituciones son débiles o sujetas a factores extralegales. Uno de los grandes problemas de México: confiar pobremente en las reglas.
La seguridad pública no se construye con cartas, palabras grandilocuentes, relatos fantasiosos o relaciones privilegiadas. Se construye con profesionalismo, fiscalías eficaces, jueces independientes y gobiernos capaces de enfrentar al crimen. Mientras sigamos buscando salvadores providenciales, seguiremos postergando la construcción de las instituciones que realmente necesita el país.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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