Hay asuntos públicos que no pueden entenderse únicamente desde la polémica inmediata. Menos aún cuando se cruzan temas tan sensibles como seguridad, crimen organizado, cooperación internacional, competencias constitucionales y soberanía nacional. Lo ocurrido en Chihuahua con el llamado narcolaboratorio y la participación de agentes extranjeros es uno de esos casos donde el fondo no está solamente en quién encontró qué, sino en cómo se hizo, bajo qué reglas y con qué autoridad.
En los últimos días ha llamado la atención el cambio de narrativa alrededor del operativo. Primero, la conversación pública parecía concentrarse en la participación de autoridades estatales en el hallazgo o intervención de un laboratorio clandestino. Después, desde el ámbito federal se precisó que el desmantelamiento formal habría correspondido a la Fiscalía General de la República, no al gobierno estatal. La diferencia no es menor: una cosa es localizar un punto, acompañar una diligencia o tener información de inteligencia; otra muy distinta es ejecutar formalmente un aseguramiento, preservar indicios, cuidar la cadena de custodia y desmantelar una instalación vinculada con delitos federales. La FGR informó que investiga si existió invasión de competencia federal y señaló irregularidades relacionadas con la cadena de custodia.
Ahí está el centro del debate. No se trata de cuestionar la necesidad de combatir a los grupos criminales ni de negar que Chihuahua, como estado fronterizo, enfrenta una realidad compleja en materia de seguridad. La persecución de laboratorios clandestinos es una obligación del Estado mexicano. Pero también es obligación del propio Estado mexicano cumplir sus procedimientos, respetar sus competencias y dejar claro quién puede hacer qué dentro del territorio nacional.
La seguridad pública no puede sostenerse sobre ambigüedades. En un país federal, las autoridades estatales tienen atribuciones relevantes; sin embargo, cuando se trata de delitos federales, sustancias ilícitas, operaciones de inteligencia y posible participación de agentes extranjeros, la línea institucional debe ser precisa. No basta con que el resultado parezca positivo si el procedimiento abre dudas sobre legalidad, coordinación y control de la actuación pública.
Por eso el matiz reciente importa. Decir que una autoridad estatal localizó o participó en una operación no es lo mismo que decir que desmanteló formalmente el laboratorio. La Presidencia ha sostenido que el tema central no es oponerse al combate contra los laboratorios clandestinos, sino esclarecer por qué ciudadanos estadounidenses estuvieron presentes en una operación en territorio mexicano. También se ha señalado públicamente que la FGR, y no el estado, fue quien realizó el desmantelamiento formal.
El asunto se vuelve todavía más delicado cuando entra el componente internacional. México puede y debe cooperar con Estados Unidos. En la frontera lo sabemos bien: la delincuencia no respeta límites geográficos, las redes criminales operan de ambos lados y la inteligencia compartida puede ser indispensable. Pero cooperación no significa sustitución de autoridad. Coordinar no es entregar facultades. Compartir información no equivale a permitir que agentes extranjeros actúen libremente en territorio nacional.
La Ley de Seguridad Nacional establece que los agentes extranjeros solo pueden realizar actividades de enlace para intercambio de información con autoridades mexicanas, conforme a la acreditación que se les haya expedido. Además, la Constitución prohíbe a los estados celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. Estas reglas no son formalismos decorativos; son límites jurídicos que protegen la soberanía y ordenan la cooperación internacional.
Por eso, el debate no debería reducirse a una disputa política ni a una competencia por adjudicarse resultados. Si el Estado mexicano combate al crimen organizado, debe hacerlo con fuerza, pero también con legalidad. Si hay colaboración extranjera, debe existir por los canales correctos. Si una autoridad local participa en un asunto de competencia federal, debe hacerlo con coordinación institucional. Y si hubo errores, vacíos o excesos, deben aclararse con documentos, no con discursos.
Chihuahua necesita seguridad. México necesita cooperación. La frontera necesita inteligencia, tecnología y coordinación real. Pero todo eso debe ocurrir dentro del marco constitucional. De lo contrario, se corre el riesgo de abrir una puerta peligrosa: que, en nombre de la urgencia, se normalicen excepciones que mañana nadie podrá controlar.
La narrativa cambió porque el problema también cambió de dimensión. Ya no se discute únicamente el hallazgo de un laboratorio clandestino. Ahora se discute quién tenía competencia, quién autorizó la presencia extranjera, cómo se preservaron los indicios, qué autoridad tomó control formal del caso y si se respetaron los límites constitucionales.
En política, a veces las palabras parecen simples discursos. En derecho, esos discursos pueden cambiarlo todo. Localizar no es desmantelar. Acompañar no es ejecutar. Cooperar no es sustituir. Y combatir al crimen no debe significar relajar la soberanía ni debilitar los procedimientos.
La lección institucional debería ser clara: México necesita coordinación seria, no protagonismos; cooperación internacional, no subordinación; eficacia en seguridad, pero también respeto absoluto a la Constitución. Porque cuando se trata de soberanía, el fondo importa, pero la forma también.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
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