La reciente afirmación de la calificación crediticia de México en BBB+ por la agencia R&I se presentó como un signo de estabilidad económica. Pero detrás del optimismo oficial hay una realidad mucho más preocupante. Porque cuando una economía comienza a depender de la narrativa para sostener la confianza, lo que suele seguir no es estabilidad, sino crisis.
México está atravesando un momento delicado. Las tensiones comerciales derivadas de la revisión del T-MEC, el debilitamiento institucional, la incertidumbre legal y la violencia territorializada están erosionando lentamente las condiciones que durante años sostuvieron la confianza internacional. La macroeconomía aún busca proyectar fortaleza, pero los indicadores comienzan a mostrar desgaste.
Y las agencias calificadoras lo saben. Mantener una calificación de BBB+ no significa prosperidad; significa apenas estar dentro del área de inversión confiable mientras las señales de riesgo están creciendo. En otras palabras: la economía mexicana ya no se observa con entusiasmo, sino con cautela. Cuando las perspectivas dejan de mejorar y comienzan a sostenerse artificialmente, el siguiente paso suele ser la degradación.
El problema es mucho más grande que un simple tecnicismo financiero. Una rebaja en la calificación crediticia tendría consecuencias directas para millones de familias: tasas de interés más altas, mayores cargos por créditos, menos inversión, depreciación de la moneda e incluso más presión sobre el empleo y el consumo. Las crisis económicas rara vez comienzan con un colapso espectacular; generalmente comienzan con el deterioro gradual de la confianza.
Y es imposible hablar de confianza cuando grandes regiones del país están sujetas a extorsiones, cobros de protección y la captura criminal de actividades económicas enteras. Ningún inversor serio apuesta a largo plazo por un país donde el Estado pierde el control territorial y donde la ley se aplica de manera desigual.
La gran contradicción mexicana es brutal: el discurso oficial presume de estabilidad macroeconómica, mientras que la realidad es un país en peligro, incierto y debilitado por la inseguridad, la incertidumbre y la erosión institucional. La economía no puede sobrevivir con propaganda política.
También preocupa la creciente dependencia de los programas sociales como mecanismo para sostener el consumo interno. Transferir dinero puede aliviar emergencias inmediatas, pero no puede superar el crecimiento productivo, la movilidad social y el establecimiento de instituciones sólidas. Gestionar la pobreza nunca será lo mismo que construir desarrollo.
Amartya Sen advirtió que el verdadero progreso depende de la expansión de las libertades reales. Y no hay libertad económica cuando las personas viven bajo el miedo, la violencia o la incertidumbre legal permanente.
México aún tiene margen de maniobra, pero el tiempo comienza a agotarse. Ignorar las señales de desgaste económico y minimizar los riesgos financieros sería repetir errores históricos que el país ya ha pagado demasiado caro. Porque cuando el estado de derecho se hunde, tarde o temprano la economía termina hundiéndose con él.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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