Durante semanas, el nombre de Guillermo Arturo Zuany Portillo ha sido exhibido como la pieza central del escándalo que hoy tiene a Chihuahua bajo la lupa de la Fiscalía General de la República. Su salida de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas fue inmediata, su rostro apareció en titulares nacionales y su nombre terminó asociado, casi automáticamente, a la puerta por la que presuntamente entraron agentes de la CIA al operativo realizado en El Pinal, en la sierra del municipio de Morelos. El relato ya estaba armado: había que encontrar un responsable visible, un funcionario sacrificable y una narrativa suficientemente simple para contener una crisis que creció demasiado rápido.
Pero mientras la conversación pública se concentró en Zuany, otra figura empezó a desaparecer del mapa político y mediático: César Jáuregui Moreno.
Y ahí es donde el asunto cambia de dimensión.
Porque a diferencia de Zuany —ubicado, interrogado por las autoridades federales, señalado y renunciado—, el exfiscal general del Estado simplemente no ha aparecido. La propia narrativa oficial sostuvo que su renuncia obedecía a una necesidad institucional: permitir que las investigaciones avanzaran sin conflicto de interés. Un gesto político, se dijo. Un acto de responsabilidad. Sin embargo, conforme avanzan las indagatorias de la FGR sobre la posible participación irregular de agentes estadounidenses en territorio mexicano, Jáuregui no sólo dejó el cargo: dejó también un vacío incómodo.
La FGR confirmó que tanto él como la gobernadora Maru Campos serían llamados a comparecer como testigos por el operativo del 17 y 18 de abril en El Pinal. La gobernadora recibió el citatorio, en medio del desgaste político y del mensaje inevitable que implicó ubicarla al responder ante autoridades federales. Pero en el caso de Jáuregui, el problema ya no es político: es de localización.
Y eso, en términos públicos, es devastador.
Porque mientras Zuany carga con el costo mediático de la operación —incluyendo procedimientos administrativos y señalamientos directos sobre presuntas omisiones—, la pregunta central permanece intacta:
¿QUIÉN AUTORIZÓ REALMENTE EL NIVEL DE COORDINACIÓN QUE EXISTIÓ EN LA SIERRA TARAHUMARA?
No se trató de un operativo menor. La FGR habló de más de 55 mil litros de precursores químicos, toneladas de material sólido y casi dos mil litros de metanfetamina asegurados en la zona. Un inventario monumental que, además de exhibir la dimensión industrial del complejo clandestino instalado en la sierra Tarahumara, también contrasta con el parte informativo original elaborado por la propia Fiscalía General del Estado.
En ese primer reporte, la escena fue descrita casi como un aseguramiento técnico: 19 tambos de mil litros, 17 contenedores adicionales, 15 hornos conectados mediante mangueras a siete depósitos, decenas de cilindros de gas, acetona, costales con químicos sin identificar y material sólido distribuido en depósitos blancos y negros. A ello se sumaba un segundo campamento-laboratorio, instalado en un claro de aproximadamente 40 metros, donde fueron localizados condensadores, calderas, contenedores de mil litros y depósitos con sustancias líquidas.
La diferencia entre ambos relatos no es menor. Mientras la FGE proyecta mediáticamente la imagen de uno de los mayores centros de producción de metanfetamina detectados en el país, su narrativa inicial parecía reducir el hallazgo a una enumeración operativa, casi administrativa, evitando dimensionar públicamente el verdadero alcance del complejo y el nivel de organización criminal que operaba en la sierra tarahumara.
Un despliegue de ese tamaño no se mueve por ocurrencias aisladas ni por decisiones improvisadas de mandos medios. Mucho menos cuando, según las investigaciones federales, hubo presencia de personal estadounidense cuya participación podría haber violado la Ley de Seguridad Nacional.
Ahí es donde la figura de Jáuregui deja de ser periférica.
Fue él quien primero intentó minimizar el episodio. Primero habló de capacitaciones con drones. Luego de presencia incidental. Después vinieron las contradicciones, las declaraciones federales y finalmente la renuncia “por responsabilidad política”. Pero una responsabilidad política sin responsabilidad procesal termina pareciendo otra cosa: una salida estratégica.
La diferencia entre ambos personajes hoy es brutal. Zuany enfrenta el escarnio, pero está localizado. Ha respondido. Está dentro del expediente. Jáuregui, en cambio, empieza a adquirir un perfil mucho más delicado: el del funcionario cuya ausencia genera más preguntas que su presencia.
Y desaparecer, en México, en medio de una investigación federal nunca es un detalle menor.
La FGR ya entrevistó a decenas de agentes estatales y militares involucrados en el operativo. El caso dejó de ser solamente un escándalo local desde el momento en que la propia Presidencia de la República reconoció que el Gobierno federal no tenía conocimiento formal de la intervención extranjera. Lo que está en juego no es únicamente la actuación de unos agentes en la sierra; es el control político de la seguridad nacional y el delicado límite entre cooperación bilateral e intromisión operativa.
Por eso resultaba cada vez más conveniente mantener a Zuany bajo los reflectores.
Porque mientras el debate público gira alrededor del exfiscal antisecuestros, la atención se desvía del hombre que encabezaba toda la estructura estatal de procuración de justicia cuando ocurrió el operativo. El “chivo expiatorio” funciona precisamente así: absorbe la indignación necesaria para evitar que la conversación suba de nivel.
Pero las investigaciones suelen tener una lógica distinta a la del manejo mediático. Y tarde o temprano terminan siguiendo la ruta del poder real.
Por eso la pregunta ya no es qué hizo Zuany.
La pregunta es otra.
¿Dónde está César Jáuregui?
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
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