La gobernadora Maru Campos no fue imputada. Fue citada. Y esa diferencia, aunque parezca técnica, es justamente el centro de la discusión que desde el PAN han intentado envolver en bandera, agravio y épica norteña.
Maru Campos sabe que un citatorio de la Fiscalía General de la República no equivale a una acusación penal. También lo sabe su equipo jurídico. El fuero no impide que una autoridad federal llame a declarar a una gobernadora para conocer qué sabe, qué autorizó o qué información posee sobre hechos investigados. Lo que sí impide, bajo ciertas condiciones, es procesarla penalmente sin el trámite constitucional correspondiente.
Por eso resulta tan reveladora la reacción: convertir una diligencia ministerial en un ataque contra Chihuahua. No contra Maru, no contra su gobierno, no contra una estrategia de seguridad que debe explicaciones, sino contra “los chihuahuenses”. Es una vieja maniobra: cuando el poder se siente observado, se disfraza de pueblo.
El problema no es que la gobernadora acuda a declarar. Eso sería lo institucional. El problema es que antes de hacerlo decidió instalar una narrativa de persecución, acompañada por el coro panista de siempre: El alcalde de Chihuahua, diputados locales, dirigentes y operadores repitiendo que “Chihuahua no se arrodilla”, como si comparecer ante una autoridad federal fuera una humillación y no una obligación republicana.
Tampoco ayuda el tour mediático en la Ciudad de México. Maru Campos buscó controlar el relato nacional, pero terminó abriendo más preguntas. Al hablar de reuniones con fuerzas de seguridad de Estados Unidos, de apoyos en extradiciones o de coordinaciones que rozan competencias federales, dejó frases que, dichas con descuido, pueden sonar más graves que los hechos mismos. Quizá algunas no configuren delito; quizá fueron torpezas de comunicación. Pero en política, y más en seguridad binacional, las palabras también dejan huella.
Detrás de la narrativa también aparece una figura conocida: Roberto Gil Zuarth, operador jurídico y político del viejo panismo calderonista, abogado de perfiles como Francisco Javier García Cabeza de Vaca y cercano a las estructuras que durante años hicieron del discurso de persecución una herramienta de defensa pública. El manual parece repetirse: antes de responder, victimizarse; antes de aclarar, polarizar.
Morena, por su parte, tampoco aparece aquí como guardián pulcro de la legalidad. Su dirigencia estatal vio oportunidad política y se montó rápido en el expediente. Eso también debe decirse. Pero el oportunismo de Brighite Granados y compañía no elimina la obligación de Maru Campos de explicar. Una cosa no cancela la otra.
La defensa parece diseñada para confundir: hacer creer que citarla es imputarla, que pedirle información es atacarla, que revisar actuaciones oficiales es ofender al estado. Es una estrategia jurídica, sí, pero sobre todo mediática. Y cuando la política necesita tanta escenografía para responder una pregunta simple, conviene desconfiar.
Porque Chihuahua no se arrodilla por cumplir la ley. Se debilita cuando sus gobernantes pretenden que rendir cuentas es una afrenta. Ahí está la diferencia que hoy intentan borrar.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
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