Magistrada hermana del senador participó en dictamen que avaló triunfo de Rocha Moya en 2021
Ciudad de México (ADN/Staff) – La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES), Aída Inzunza Cázares, participó en la elaboración del dictamen que validó la elección a la gubernatura de 2021, en la que resultó ganador Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia, en un contexto marcado por recientes señalamientos internacionales.
La funcionaria es hermana del senador Enrique Inzunza Cázares, quien ha sido mencionado en acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con otros actores políticos de la entidad.
El dictamen elaborado por el tribunal fue aprobado por unanimidad el 17 de agosto de 2021, tras el proceso electoral celebrado el 6 de junio de ese año, y concluyó que se cumplieron los principios rectores de legalidad, equidad y libertad del sufragio.
“En la elección de la gubernatura del estado de Sinaloa fueron cumplidos a cabalidad los principios rectores del proceso electoral”.
Durante la revisión del proceso, se documentaron 206 incidentes en la jornada electoral, de los cuales únicamente 23 derivaron en la suspensión definitiva de casillas, lo que representó el 0.47% del total instalado en la entidad.
Entre las causas de suspensión se identificaron casos de violencia, robo o destrucción de material electoral y otras incidencias, aunque el tribunal determinó que no fueron de carácter generalizado ni suficientes para invalidar la elección.
Asimismo, el TEES desestimó impugnaciones promovidas por partidos políticos al considerar que las pruebas presentadas no acreditaban irregularidades determinantes en el resultado.
En paralelo, el Instituto Nacional Electoral evaluó el rebase de tope de gastos de campaña y concluyó que no existían elementos para anular la elección, criterio que posteriormente fue respaldado en el ámbito jurisdiccional federal.
Este antecedente cobra relevancia en el contexto actual, luego de que autoridades estadounidenses formularan acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que derivó en la solicitud de licencia del mandatario estatal el pasado 1 de mayo.
El caso se mantiene bajo escrutinio político y jurídico, mientras continúan las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
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