Esta entrega es difícil. México atraviesa un momento de tensiones políticas bilaterales de suma importancia.
El descubrimiento e incautación de un megalaboratorio ha abierto, de manera accidental, la puerta a una revelación inquietante: la presunta presencia de agentes de la CIA operando en México junto a efectivos de la AEI de Chihuahua.
El operativo ha sido presentado como el mayor golpe al crimen organizado y ha sido instrumentalizado como vehículo de golpeteo político, proyectándolo como un ejemplo contundente de la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, un laboratorio abandonado, con 12 reactores vacíos, sin reactivos, sin drogas y sin detenidos, difícilmente puede compararse con los más de 2,300 laboratorios desmantelados por el gobierno federal, las más de 300 toneladas de droga aseguradas y las 48 mil personas detenidas.
No obstante, la sola presencia de la CIA en territorio mexicano, sin autorización ni conocimiento del gobierno federal, exhibe que, al menos, el gobierno de Chihuahua habría operado fuera de los márgenes de la ley y de los pactos federales, colocando a la gobernadora Maru Campos en una situación compleja y delicada.
Esto no ha gustado a nadie. Las huestes políticas, todas, se han pertrechado tras sus murallas, escudándose en infundios y narrativas insostenibles para acallar una verdad evidente: le pisaron el juanete al Tío Sam.
En respuesta, la gobernadora creó una unidad especial para investigarse a sí misma y, en 72 horas, presentó resultados que colocaron en el centro del escrutinio público a César Jáuregui Moreno, así como a un elemento fallecido que no puede hablar ni defenderse.
Ante el deficiente manejo de la contención de daños, el Tío Sam reaccionó y, de manera intempestiva, impulsó una solicitud de detención contra diez personajes vinculados a la llamada 4T.
Se produce entonces un cambio de narrativa: se deja de hablar del “CIA-gate” para centrar la atención en Sinaloa y sus funcionarios.
Sin embargo, estos solicitan licencia para permitir las investigaciones de la FGR, dejando un contraste incómodo —y políticamente costoso— para Maru Campos. Mientras unos optan por apartarse del cargo para no entorpecer las indagatorias, la gobernadora de Chihuahua se aferra al poder, rechazando cualquier posibilidad de licencia y pretendiendo, al mismo tiempo, erigirse como garante de una investigación en la que su propio gobierno está bajo sospecha.
No es un matiz menor: quien es señalada no puede, sin erosionar la credibilidad institucional, mantenerse como árbitro del proceso. La negativa a separarse del cargo no proyecta fortaleza, sino resistencia a la rendición de cuentas.
Por su parte, la FGR decide no ejecutar detenciones en tanto la parte solicitante, por la vía diplomática, no envíe una solicitud debidamente fundada, es decir, acompañada de medios de prueba. Opta además por conducirse de manera confidencial, respetando el protocolo, pues la exposición pública del expediente acusatorio evidenció un interés más político que jurídico.
La FGR anuncia que citará a 50 personas por el caso “CIA-gate” y subraya que se trata de una investigación de su competencia exclusiva, al ser un asunto de orden federal.
Así, de un plumazo, la unidad especial nombrada por Campos queda relegada. No desactivada, porque insistirá en imponer su versión, siendo juez y parte.
Hoy se sabe que la gobernadora de Baja California también podría solicitar licencia en congruencia, lo que incrementa la presión sobre los hombros de Campos en Chihuahua.
En política, las formas importan porque construyen credibilidad. Separarse del cargo ante señalamientos graves no es un acto de debilidad, sino de responsabilidad pública. Negarse a hacerlo, en cambio, instala una sospecha persistente: la de quien prefiere el control de la narrativa antes que la transparencia del proceso.
Pero no: se trata de política, y en ella, demasiadas veces, el objetivo no es esclarecer los hechos, sino sobrevivir a ellos… aun a costa de las instituciones.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
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