Durante décadas, México sostuvo una ficción política bastante conveniente: el narcotráfico existía como un poder paralelo, incómodo, violento, corruptor, sí… pero separado del Estado. Un monstruo afuera del palacio. Una sombra detrás del escritorio. Nunca sentado en él.
Hoy esa ficción empieza a agrietarse.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios ligados a Morena, marca un momento delicado en la relación bilateral y en la historia política reciente del país. Ya no estamos hablando de policías municipales, ex comandantes o alcaldes perdidos entre la sierra. Estamos hablando de funcionarios en activo, electos democráticamente, señalados por presuntos vínculos con una estructura criminal clave para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Y eso cambia muchas cosas.
Porque la noticia no es solamente jurídica. Tiene un peso simbólico enorme.
El hecho de que el gobernador de Sinaloa haya solicitado licencia “para facilitar las investigaciones”, junto con el retiro temporal del alcalde de Culiacán, no transmite precisamente fortaleza institucional. Más bien confirma la sospecha internacional de que partes del poder público terminaron absorbidas por el crimen organizado.
Y quizá lo más grave ni siquiera está en si las acusaciones terminarán probándose o no. La dimensión política del asunto está en otro lado: en que Estados Unidos se sintió con suficiente información, respaldo diplomático y cálculo geopolítico como para señalar públicamente a integrantes activos del partido gobernante mexicano.
Eso no pasa solo porque sí, ocurre cuando Washington concluye que el problema dejó de ser estrictamente criminal y empezó a volverse estructural.
Morena enfrenta aquí una crisis particularmente compleja porque construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de ser distinto. No sólo diferente al PRI o al PAN, sino moralmente superior. La narrativa de la “transformación” descansó durante años en la idea de que la corrupción pertenecía al viejo régimen y que bastaba voluntad política para desmontarla.
Pero Morena tiene una costumbre incómoda: termina pareciéndose demasiado a aquello que juró combatir.
Sinaloa, además, no es cualquier territorio. Es el corazón simbólico del narcotráfico mexicano. El laboratorio donde política, dinero, violencia y silencio aprendieron hace tiempo a coexistir sin estorbarse demasiado. Lo verdaderamente perturbador no es que existan sospechas sobre vínculos criminales, si no que para buena parte del país eso ya ni siquiera resulta sorprendente.
El riesgo para Claudia Sheinbaum es enorme. Cada defensa institucional de Rocha puede interpretarse como respaldo político; cada intento de tomar distancia puede leerse como admisión tácita de que el problema existe. La presidenta quedó atrapada entre dos presiones difíciles de conciliar: la soberanía nacional y la presión estadounidense.
Mientras todo eso ocurre, México empieza a entrar en clima preelectoral.
Ahí aparece otro nivel de lectura. Porque sería ingenuo pensar que Estados Unidos actúa únicamente movido por principios éticos. Washington no hace política exterior por altruismo; hace política de intereses. Las acusaciones contra figuras cercanas a Morena también funcionan como mecanismo de presión sobre el gobierno mexicano en temas de seguridad, migración y combate al fentanilo. Pero además tienen un efecto interno evidente: erosionan la narrativa de legitimidad del partido gobernante justo cuando empiezan a acomodarse las piezas rumbo a futuras disputas electorales.
Por un lado, Sinaloa se ha convertido en símbolo nacional de la narcopolítica morenista y, por otra parte, Morena buscará presentar el caso como una operación política de Washington y como otra forma de intervencionismo extranjero.
Lo incómodo es que ambos discursos contienen algo de verdad.
En medio de este terremoto político hay otro dato que no debería pasar desapercibido: semanas antes de que explotaran las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, buena parte de la conversación pública parecía concentrada en intentar cercar políticamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a raíz de la crisis derivada de operativos y presencia de agencias estadounidenses en la frontera.
La narrativa era bastante clara: responsabilizarla políticamente del deterioro en seguridad y colocar bajo sospecha cualquier colaboración frontal contra estructuras criminales transnacionales.
Pero el tablero cambió rápido.
Porque mientras sectores de Morena impulsaban presión política contra una gobernadora opositora que endureció coordinación y combate contra grupos criminales en la frontera norte, las acusaciones estadounidenses terminaron apuntando hacia el corazón político de Sinaloa y otros cuadros relevantes del propio oficialismo.
Eso abrió una contradicción difícil de esconder.
La discusión dejó de girar alrededor del “intervencionismo” estadounidense en Chihuahua y comenzó a moverse hacia algo mucho más delicado: la posibilidad de que el narcotráfico no sólo infiltrara municipios aislados, sino estructuras completas de poder vinculadas al partido gobernante.
Y ahí la política mexicana entró en una zona bastante peligrosa, porque empieza a parecer que el problema no es quién combate al crimen organizado, sino a quién resulta útil señalar… y a quién conviene proteger.
En tiempos preelectorales, la tentación de convertir la seguridad pública en arma partidista es enorme. Mientras tanto, los cárteles siguen operando con una capacidad territorial que hace mucho dejó de parecer excepcional.
Quizá por eso la frontera más frágil de México ya no está entre Juárez y El Paso.
Está entre el poder político y el crimen.
Y cada vez cuesta más distinguir dónde termina uno y comienza el otro.
Porque, en el fondo, México lleva años sospechando la respuesta.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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