Definitivamente estamos ante una de las semanas más intensas, más grillas y más cargadas políticamente de todo lo que va de esta administración federal. No es poca cosa lo que ha sucedido entre Chihuahua, México, la CIA, Sinaloa, Palenque y Morena. Todo esto ha dado tela suficiente para que los conspiranoicos empiecen a construir sus teorías, como si Carlos Salinas llevara años moviendo los hilos del país desde una especie de lado oscuro de la fuerza, al más puro estilo de una película de Star Wars.
Pero vayamos por partes.
Entre el tema de los agentes de la CIA, la repercusión quizá no planeada de la solicitud de Estados Unidos para detener a ciertos personajes ligados al gobierno de Sinaloa, y los señalamientos que presuntamente los vinculan, conforme a un gran jurado federal de la Corte de Nueva York, con actividades del crimen organizado, el ambiente político nacional se volvió un hervidero.
A esto se suma la visita presidencial a Palenque, el episodio del senador Gerardo Fernández Noroña, increpado en El Cardenal y acusado por comensales de narcopolítico, y todavía más: durante el fin de semana llegó a tomar el mando del movimiento una de las figuras más admiradas de la Cuarta Transformación, exsecretaria durante dos sexenios consecutivos de uno de los programas sociales más emblemáticos y de mayor alcance en la historia reciente del país.
Su llegada, esperada por muchos, ocurre en un escenario difícil para la 4T: una fractura entre aliados que tendrá que recomponerse, liderazgos gubernamentales bajo señalamientos delicados, una elección que ya empieza a hervir y aspirantes que comen ansias por convertirse en los abanderados de este proceso.
Aquí es donde vale la pena detenernos.
La narrativa política en México, en este momento, gira principalmente alrededor de estos temas. Por el lado jurídico, estamos quienes creemos que la licencia de Rocha Moya da mucho de qué hablar. Entre juristas existe un debate importante. Como lo expliqué en mi artículo del fin de semana, ante una solicitud de esta naturaleza, la autoridad correspondiente tendría que analizar su procedencia y, posteriormente, dar intervención a la Fiscalía General de la República para actuar conforme a derecho respecto de las personas señaladas. Hasta ahora, eso no ha ocurrido con ninguno de los personajes mencionados en la solicitud.
El problema jurídico se vuelve más complejo cuando hablamos de personas que cuentan con fuero constitucional, porque no podrían ser detenidas de la misma forma ordinaria que cualquier otro ciudadano. Y ahí es donde surge la discusión: ¿qué pasa cuando una persona con fuero solicita licencia?
Muchos sostienen que, al pedir licencia, pierde la protección constitucional. Y sí, hay juristas que así lo ven. Posiblemente, en la práctica y en cierta doctrina, ese sea el criterio que algunos defenderían. Pero hay que decirlo con claridad: aun cuando se considere que la persona queda separada temporalmente del cargo, también conserva el derecho de solicitar su reincorporación. Y si regresa al cargo, se reabre la discusión sobre los efectos del fuero constitucional.
¿Se entiende el punto?
Aunque alguien piense que al pedir licencia se queda sin fuero, la realidad política e institucional es más compleja. El cargo existe, la elección existió y el pueblo lo eligió. Por eso, tanto pedir licencia como regresar al cargo forman parte de los canales legales correspondientes. Al final, si alguien fue electo por voto popular, su separación definitiva no puede tratarse como un simple trámite político; debe pasar por los procedimientos constitucionales y legales aplicables.
En este contexto, la llegada de una nueva dirigencia al movimiento queda investida de una responsabilidad enorme. No es un reto menor. Ella misma lo dijo al asumir: no deberían estar contemplados en las elecciones quienes estén relacionados con actos de corrupción. Y fue clara también en otro punto: incluso si alguien gana una encuesta, eso no necesariamente significa que deba mantenerse como candidato si existen sospechas graves.
Ese mensaje suena bien, porque estamos hablando de millones de ciudadanos en todo el país que forman parte de este movimiento y que, en su momento, vieron en él una luz al final del túnel. Muchos pensaron que no volvería a pasar lo que ocurrió con otros gobiernos. Que la corrupción no volvería a penetrar de esa manera las instituciones. Que el país empezaría a vacunarse contra ese viejo mal que durante años ha podrido la vida pública desde adentro.
Pero la realidad es más dura.
La gente sabía que ese mal no iba a desaparecer de un día para otro. Sabía que no bastaba con un cambio de partido, ni con un discurso, ni con una bandera política. La corrupción no se elimina solamente con voluntad; se combate con instituciones, vigilancia, decisiones firmes y liderazgos capaces de poner límites incluso dentro de su propio movimiento.
El reto se vuelve todavía más complicado en un país con una extensión territorial tan grande, con 32 entidades federativas, con mandos locales que toman decisiones sobre realidades muy distintas y con escenarios políticos divergentes. No es lo mismo gobernar desde el centro que enfrentar las dinámicas reales de cada estado, de cada región y de cada territorio.
Hoy seguimos frente a rumores, sospechas y señalamientos sobre uno de los males que más daño le ha hecho a México. Pero también estamos frente a una ciudadanía que cada vez observa más, cuestiona más y vigila más de cerca. Lo que ocurre con Rocha, la participación o presión de gobiernos extranjeros y los señalamientos relacionados con el crimen organizado no son temas menores. Son hechos y circunstancias que obligan a revisar con seriedad qué tipo de perfiles llegan al poder y bajo qué filtros se les permite competir.
La tarea hoy está bien puesta: ningún instituto político debería permitir que dentro de sus filas existan perfiles vinculados con el mal que más ha lastimado a México.
Y aquí hay que ser justos: lo que está sucediendo no necesariamente representa una derrota directa para la Cuarta Transformación. Que un perfil esté señalado, manchado o expuesto públicamente no borra lo que también ha ocurrido en otros partidos. La realidad es que ninguno puede presumir pureza absoluta. Ningún partido se salva del todo. Esto no habla solamente de Morena, del PRI, del PAN o de cualquier otra fuerza política. Habla de un tejido social profundamente dañado por nuestra historia, por nuestras prácticas y por la normalización de conductas que durante décadas se fueron tolerando.
Ese es el verdadero problema.
No estamos solamente ante una crisis de partidos. Estamos ante una crisis de tejido social. Una crisis donde la política, la corrupción, el poder, los intereses económicos y las prácticas ilegales se han mezclado durante demasiado tiempo. Y por eso, las nuevas generaciones, junto con quienes ya estamos participando en la vida pública, tenemos la obligación de poner el dedo en la llaga.
No podemos permitir que los mexicanos del futuro sigan heredando estas malas prácticas. No podemos normalizar que la sospecha sea parte del currículum político. No podemos aceptar que la moralidad pública dependa del partido desde el que se habla.
Porque lo que pasa hoy es precisamente eso: ya casi nadie puede hablar desde una supuesta superioridad moral absoluta. Y cuando nadie puede hacerlo, entonces el debate deja de ser solamente partidista y se convierte en algo mucho más profundo.
Se convierte en una pregunta nacional:
¿Qué tipo de clase política queremos construir y qué tanto estamos dispuestos a exigir para lograrlo?
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
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