El reciente y sonado caso de la presencia y fallecimiento de dos funcionarios estadounidenses en la sierra Tarahumara, así como su probable participación en un operativo policiaco que derivó en la cancelación de un mega laboratorio de droga sintética, nos remite al concepto formal de soberanía y a la realidad que millones de mexicanos viven en sus localidades en materia de seguridad.
La Fiscalía General de la República, a diferencia de otros casos que involucrarían la probable colusión de altas autoridades estatales con actividades criminales, mantiene abierta una investigación para esclarecer presuntos delitos de seguridad nacional del gobierno de Chihuahua en relación a la participación de personal estadounidense en un operativo estatal de combate a la producción de drogas.
La operación de agencias extranjeras en territorio nacional debe apegarse al marco legal y ajustarse, a través de mecanismos de entendimiento, a los intereses mexicanos. Lo primero garantiza la no injerencia, lo segundo fortalece las capacidades institucionales.
Así como un Estado nacional fuerte y capaz no se sujeta a intereses extranjeros, hoy es imprescindible la cooperación internacional para enfrentar desafíos complejos como lo es el fenómeno de las organizaciones criminales transnacionales.
Es un hecho que la Delincuencia Organizada Transnacional, cuando no se le encapsula, carcome al Estado desde dentro y somete a través del soborno y la violencia a los diferentes niveles de gobierno y por supuesto a la población civil.
El avance del crimen en la práctica llega a enseñorearse de pueblos, rancherías, municipios o barrios; llegando a imponer ilegítimamente decisiones y posiciones políticas o administrativas que debieran corresponder a las autoridades democráticamente establecidas.
Es así que “la autoridad”, en varias ocasiones y en algunas zonas del territorio, es de facto ejercida por intereses criminales que no distinguen ideologías o partidos políticos y que llegan a generar fenómenos de desplazamiento de civiles a través del miedo.
Para Norberto Bobbio, la soberanía en suma es el poder supremo, exclusivo y no derivado inherente al Estado. Especialmente desde la revolución francesa la idea de soberanía es intrínseca a la voluntad popular.
En teoría, la soberanía no desaparece aún y cuando otros poderes de facto desafíen al Estado, esta mantiene su esencia suprema y obliga al respeto irrestricto de las leyes y sus procedimientos.
A esto último se adhieren muchos de los doctos teóricos del Derecho, las Relaciones Internacionales y de la Ciencia Política. Tienen cierta razón, pero a veces adolecen de conocer la realidad de muchas comunidades o colonias de nuestro país, específicamente en el tema de la seguridad.
El problema de las organizaciones criminales transnacionales no puede escatimar de los recursos tecnológicos, humanos o de inteligencia que puedan proveer naciones extranjeras dentro de un marco claro de cooperación mutua.
Comunidades más seguras, con menos acceso a drogas ilegales y sin miedo de caminar en sus calles son anhelos del pueblo de México. Tiempos pasados que no han vuelto.
Sí, exijamos que municipios, estados y federación se apeguen al marco legal vigente, todos, todos. Por otra parte, se necesita mucho más que invocar la soberanía nacional para resolver el problema de la seguridad, se necesita comprender la realidad de las calles y de los hogares.
Fortalecer la soberanía es conformar un auténtico Estado de Derecho, con la gente, con las víctimas, con los adictos, con los comerciantes legales, con los emprendedores, con los estudiantes, con los trabajadores. En el día a día, de Tijuana a Tapachula, de Ciudad Juárez a Tenosique.
¿Cuál soberanía?.
“Ha establecido Yahvé en los cielos su trono, y su reino domina todo (el universo).”
(Salmos 103-19)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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