Hace unos días, en Chihuahua murieron personas extranjeras en circunstancias que todavía no terminan de aclararse. El dato, por sí mismo, es grave. Pero lo que lo vuelve políticamente significativo no es el misterio que rodea sus funciones, sino lo que el caso revela sobre algo más profundo: la manera en que el Estado mexicano gestiona —o desdibuja— sus propias responsabilidades.
En momentos así, la reacción inmediata suele buscar culpables en lo más cercano y en ese contexto, la figura de la gobernadora María Eugenia Campos se vuelve blanco fácil. Es una lógica conocida: el poder local absorbe el costo político de lo que ocurre en su territorio, aunque no tenga control real sobre las variables que detonaron el hecho.
Pero la Constitución no es un gesto simbólico, es un reparto preciso de facultades.
El ingreso de personas extranjeras al país no es competencia estatal. Es atribución del gobierno federal, a través de sus instancias migratorias y de seguridad. De la misma forma, la coordinación de fuerzas como el Ejército, la Guardia Nacional o cualquier esquema de cooperación internacional en materia de seguridad responde a una lógica centralizada. No es una decisión que se tome desde un despacho en Palacio de Gobierno en Chihuahua.
Entonces, ¿por qué la narrativa pública insiste en mirar hacia lo local?
Porque es más sencillo. Porque desplazar la responsabilidad evita incomodar al centro. Y porque, en un país donde la seguridad se ha federalizado de facto, reconocer esa concentración de poder implicaría también aceptar su carga completa de responsabilidad.
No se trata de exonerar a nadie por decreto. Los gobiernos estatales tienen deberes claros en materia de seguridad pública, prevención y coordinación. Pero hay una línea que no debería cruzarse: la de adjudicarles decisiones que no les corresponden.
Si en territorio mexicano operaban personas extranjeras con funciones sensibles, alguien autorizó su presencia. Si existía algún tipo de colaboración con agencias internacionales, alguien la diseñó, la avaló y la supervisó. Ese “alguien” no es el ámbito estatal.
Y aquí es donde la discusión deja de ser cómoda.
Porque en México, la política de seguridad, la relación con gobiernos extranjeros y la presencia de cualquier actor internacional en tareas sensibles no orbitan en los estados: dependen directamente del Poder Ejecutivo federal. No es un matiz técnico, es una cadena de mando.
A esto se suma un factor que no puede ignorarse: el calendario político. En la antesala de procesos electorales, la tentación de convertir crisis en herramientas de desgaste es alta. No como conspiración explícita, sino como práctica conocida. Cuando el gobierno estatal pertenece a la oposición, el incentivo es todavía más evidente.
En ese contexto, la insistencia en cargar la responsabilidad hacia lo local no solo simplifica la realidad institucional, también puede leerse como una forma de erosión política. Una narrativa que no busca explicar, sino posicionar.
Así que la pregunta no es si el gobierno estatal falló. La pregunta es quién tomó las decisiones estructurales que hicieron posible este escenario… y quién se beneficia de que esa pregunta no se responda con claridad.
Si el Ejecutivo federal concentra las facultades, también concentra la responsabilidad. No hay atajos discursivos que lo eviten. No hay narrativa local que pueda absorber ese peso sin distorsionar la realidad.
El país no necesita más cortinas de humo ni repartos convenientes de culpa. Necesita claridad.
Porque cuando el poder se ejerce desde arriba, pero la culpa se empuja hacia abajo, lo que queda no es gobernabilidad: es cálculo.
Y cuando el cálculo político se impone sobre la rendición de cuentas, la democracia deja de ser un sistema de responsabilidades… y se convierte en un escenario donde se busca de manera permanente que alguien pague el costo, aunque no haya tomado las decisiones, sin olvidar que cada vida perdida en este y otros hechos nacionales, no solo es una tragedia, es también una factura política que alguien está intentando no pagar.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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