El régimen ha decidido cruzar una línea que ningún gobierno democrático debería siquiera contemplar: usar la pensión de los adultos mayores como instrumento de chantaje.
Hoy miles de pensionados del IMSS están siendo empujados a una disyuntiva indignante: o entregan sus datos biométricos al Estado o se arriesgan a perder la pensión por la que trabajaron durante toda su vida. Es el rostro más cruel del fascismo digital.
Hoy, el régimen de Morena ha decidido convertir la pensión de millones de mexicanos en una moneda de cambio para imponer su sistema de vigilancia.
Lo que está ocurriendo con los pensionados del IMSS no es un trámite administrativo. Es un chantaje. Un chantaje cruel, indigno y profundamente autoritario.
A miles de adultos mayores —personas que trabajaron toda su vida, que levantaron este país con su esfuerzo, que cotizaron durante décadas para tener derecho a una pensión— hoy se les dice que ese derecho ya no es suyo. Que ahora deberán pagar por él con algo mucho más valioso que el dinero: su identidad biométrica.
El mensaje del régimen es brutalmente claro: entregas tus datos biométricos o no recibes tu pensión.
En cualquier democracia seria, las pensiones son un derecho adquirido, fruto de años de trabajo y aportaciones. No son una concesión graciosa del gobierno en turno. Mucho menos pueden convertirse en una herramienta de presión política o en un mecanismo para alimentar una base masiva de datos biométricos controlada por el Estado.
Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. El régimen pretende construir un sistema de control basado en la recolección obligatoria de datos biométricos de los ciudadanos: huellas, rostro, iris, identidad digital completa. Lo quieren hacer mediante la CURP biométrica y el registro obligatorio de líneas telefónicas. Y ahora están empezando por donde creen que la resistencia será menor: los adultos mayores.
Es un experimento peligroso. Porque cuando un gobierno puede condicionar tus derechos a que entregues tus datos biométricos, el siguiente paso es evidente: controlar quién puede acceder a servicios, quién puede trabajar, quién puede abrir una cuenta bancaria, quién puede comunicarse.
Eso no es una política pública, eso es la arquitectura de una tecnodictadura.
Estamos frente a una forma de fascismo digital, donde el poder busca vigilar, registrar y controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos.
Pero el régimen ha cometido un grave error de cálculo: subestimar la dignidad y la conciencia de los mexicanos. Cada día más ciudadanos entienden el riesgo de este modelo. Cada día más mexicanos deciden resistir. Cada día más voces se levantan contra esta pretensión autoritaria de convertir nuestros datos biométricos en la llave de todos nuestros derechos.
He emprendido esta batalla con absoluta determinación. Vamos a combatir jurídicamente estas medidas. Vamos a construir la resistencia ciudadana necesaria para frenar este abuso. Y lo digo con claridad: vamos a echar abajo la CURP biométrica y el registro obligatorio de líneas telefónicas.
Porque ningún régimen tiene derecho a vigilar a su pueblo como si fuera sospechoso permanente. Porque ningún gobierno puede chantajear a nuestros adultos mayores con la pensión que ganaron con décadas de trabajo. Estamos ganando la batalla y ganaremos la guerra.

Francisco Sánchez Villegas
Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo.
Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.
Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.


