En octubre de 2025 escribí una columna que nació desde un momento profundamente personal: la despedida de mi padre. En marzo de 2026 vuelvo a este tema no solo desde la memoria familiar, sino desde la responsabilidad periodística de mirar si algo ha cambiado. Y la respuesta, lamentablemente, es que muy poco.
En estos meses México ha avanzado apenas unos pasos en el reconocimiento del derecho a tratar el dolor. La reciente reforma a la Ley General de Salud que incorpora el tratamiento integral del dolor como prioridad es, en el papel, una señal correcta; sin embargo, cuando se revisan los presupuestos, la infraestructura y la capacidad real de atención, la distancia entre el discurso y la realidad sigue siendo enorme.
Cada año mueren en el país más de 600 mil personas por enfermedades crónico-degenerativas. Son cifras conocidas por el sistema de salud, pero aún no atendidas con la urgencia que merecen; tristemente cada vez que una persona necesita de cuidados paliativos o si lo busca para un familiar no los encontrará ni en clinicas privadas. En datos periodisticos apenas entre el 3 y el 5 por ciento de quienes los necesitan logra recibirlos.
Detrás de ese porcentaje hay historias concretas, familias que acompañan a un ser querido en sus últimos días sin herramientas médicas suficientes para aliviar el dolor, personas que no requieren tratamientos heroicos, sino algo mucho más básico: control del sufrimiento, acompañamiento psicológico, orientación para la familia y una despedida digna.
El sistema de salud mexicano todavía ve el final de la vida como un territorio poco atendido. Se invierte en salvar vidas lo cual es fundamental, pero se habla poco de cómo acompañar cuando la medicina ya no puede curar.
En el ámbito legislativo el tema también avanza con lentitud, pues las iniciativas federales sobre cuidados paliativos universales y sobre el derecho a decidir tratamientos en etapas terminales permanecen en comisiones desde 2025.
La discusión pública existe, pero aún no se traduce en decisiones concretas. En Chihuahua la conversación apenas comienza pues la iniciativa sobre voluntad anticipada presentada en el Congreso estatal sigue en análisis. Mientras tanto, la infraestructura médica local para atender el dolor crónico y terminal es limitada. Hospitales con alta demanda, personal insuficiente y clínicas del dolor inexistentes que apenas alcanzan a atender a una fracción de quienes lo necesitan.
Este no es un tema exclusivo de adultos mayores pensemos en pacientes con enfermedades oncológicas, insuficiencias orgánicas avanzadas y padecimientos raros que también afectan a personas jóvenes. El derecho a no sufrir innecesariamente en la etapa final de la vida debería ser una garantía del sistema de salud para cualquier ciudadano.
Hablar de esto no es promover el pesimismo ni adelantar discusiones éticas complejas cusndo se vive de cerca se entiendela necesidad, la urgecia. Es necesario reconocer una realidad que miles de familias viven cada año y que, tarde o temprano, nos podría tocar mirar de frente.
Quienes hemos pasado por esa experiencia sabemos que la medicina no siempre puede cambiar el desenlace, pero sí puede cambiar profundamente la forma en que se vive ese último tramo.
México ha empezado a reconocer el problema. Ahora falta lo más importante: convertir ese reconocimiento en políticas públicas reales, presupuesto suficiente y servicios accesibles.
Porque morir sin dolor no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Por eso lo invito a compartir esta causa que como muchas otras merece ser visible.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
