Resulta moralmente perturbador que en México se haya permitido que el ataúd de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho (responsable de cientos, quizá miles de muertes directas o indirectas), fuese acompañado por fuerzas del Estado. Más aún si entre esas fuerzas se encontraba el propio Ejército mexicano, institución que ha perdido elementos en el combate frontal contra las estructuras criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación que él encabezó durante años.
Lo ocurrido no es un detalle menor ni un episodio anecdótico. Es un símbolo. Y en política (y en seguridad nacional) los símbolos pesan tanto como las cifras. Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado y velado en su localidad de origen, en un operativo que incluyó presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. El argumento oficial fue “garantizar el orden” y “prevenir enfrentamientos o disturbios”.
Técnicamente, el Estado tiene la obligación de evitar desbordamientos violentos en eventos de alto riesgo. Sin embargo, la línea entre garantizar orden y proyectar una imagen de acompañamiento institucional es extremadamente delgada. Cuando vehículos oficiales escoltan un féretro, el mensaje visual que recibe la sociedad no es neutral. Se percibe protección. Se percibe cobertura. Se percibe, incluso, una forma involuntaria de legitimación.
Al velorio acudieron familiares, operadores locales, simpatizantes y no pocos personajes vinculados al entorno criminal. En funerales de líderes de alto perfil suelen confluir mandos medios, halcones y pequeños operadores territoriales que forman parte de la estructura. La pregunta inevitable es directa: si había identificación pública de individuos vinculados a actividades ilícitas, ¿por qué no se ejecutaron órdenes de aprehensión en ese momento?
La respuesta formal suele ser operativa (un funeral masivo no es el espacio idóneo para detenciones selectivas que podrían detonar violencia inmediata). Pero esa explicación abre otra interrogante estratégica: si el Estado no puede actuar frente a objetivos conocidos en un entorno bajo presencia oficial, ¿en qué momento puede hacerlo?
La participación de fuerzas federales, estatales y municipales suele justificarse bajo el protocolo de “evento de riesgo elevado”. Cuando muere un líder criminal de la magnitud de Oseguera Cervantes, existe posibilidad real de enfrentamientos entre facciones, demostraciones de fuerza o ataques contra autoridades. Desde la lógica estrictamente táctica, desplegar presencia disuasiva puede ser prudente. Desde la lógica política y moral, el costo simbólico es devastador.
El Ejército mexicano ha enterrado a sus propios soldados caídos en operativos contra el CJNG y otras organizaciones criminales. Ver ahora imágenes donde la institución aparece asociada (aunque sea bajo el argumento de control y contención) al cortejo de quien fue uno de sus principales objetivos produce una fractura narrativa grave. La institución que combate no puede parecer que acompaña. En un país marcado por violencia persistente, con miles de víctimas directas y familias desplazadas, cada gesto del Estado importa.
La percepción de ambigüedad erosiona legitimidad institucional y debilita la narrativa de autoridad moral frente al crimen organizado. No se trata de negar seguridad a un evento de alto riesgo. Se trata de cómo se despliega, cómo se comunica y cómo se diferencia con absoluta claridad entre control institucional y cualquier apariencia de deferencia.
El Estado no puede permitir que el imaginario colectivo normalice que un verdugo reciba custodia oficial mientras miles de víctimas siguen esperando justicia. En seguridad pública, la fuerza no sólo se mide en operativos. También en coherencia ética. Y cuando esa coherencia se diluye, el daño institucional puede ser más profundo que cualquier enfrentamiento armado.
PS. Más allá de los comunicados, nadie vio el cuerpo, ni existe confirmación verificable del lugar de su velorio, traslado o sepultura.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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