Recientemente supimos que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América invalidó los aranceles extraordinarios para socios extranjeros fijados por el presidente Donald Trump bajo órdenes ejecutivas. El tribunal determinó que el Ejecutivo se extralimitó, ya que el establecimiento de gravámenes es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Más allá del contenido de dichas contribuciones o de su monto exorbitante, el mensaje enviado es contundente: Estados Unidos sigue siendo una democracia con pesos, contrapesos y plena vigencia institucional.
El máximo órgano colegiado del Poder Judicial estadounidense, por una amplia mayoría de 6 a 3 —incluyendo los votos de magistrados conservadores nombrados por el propio Trump—, dejó claro que sus resoluciones responden al espíritu de su Constitución. Es la primera carta magna escrita del mundo y su principio rector es, precisamente, el equilibrio de poderes y el Estado de derecho. Es de celebrarse este ejercicio en tiempos de populismos —de derecha e izquierda— y constatar que los límites constitucionales se respetan.
Es evidente que existió una tergiversación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Para quienes aspiramos a que el poder se ejerza con razón, ética y límites, esta es una buena noticia. Esta resolución también resalta que las lealtades tienen un tope infranqueable: la legalidad y los valores fundacionales del país. Ver a jueces de origen conservador como Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh anteponer la Constitución a quien los propuso genera una envidia profunda al compararlo con nuestra realidad nacional.
En México, el Poder Judicial Federal mantenía una trayectoria de independencia y profesionalismo. Sin embargo, la reciente reforma judicial pone en entredicho la objetividad necesaria de quienes deben resolver conflictos entre poderes y con la ciudadanía. Se antoja difícil que, bajo el nuevo escenario, pueda garantizarse la división de poderes o que alguien pueda estar tranquilo de que su conflicto será resuelto con pleno respeto a los derechos humanos y la igualdad.
Este retroceso no solo interesa a los políticos; afecta la inversión y la confianza externa e interna. Nos estamos arriesgando a invertir tiempo, dinero y relaciones ante un poder cuya actuación democrática hoy se pone en duda.
La lección que nos deja Estados Unidos es clara: la lealtad es a la ley, no a la persona. Esperemos que las consecuencias de la nula división de poderes en México sean menores a las esperadas, especialmente para los sectores más desfavorecidos, quienes siempre terminan siendo los más alejados de la influencia del poder en las decisiones judiciales. La justicia no debe ser una simulación, sino el último refugio de la libertad.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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