Activistas y organizaciones advierten impactos humanitarios y urbanos por la expansión del ICE en la frontera.
El Paso, Texas (ADN/Arturo Hernández) – El Paso podría convertirse en el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, ante planes federales para incrementar de forma acelerada la capacidad de detención de inmigrantes, particularmente en Texas y en zonas estratégicas de la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con reportes recientes, el gobierno federal ha intensificado la búsqueda de grandes bodegas, parques industriales y antiguas cárceles con el objetivo de reconvertirlos en espacios capaces de albergar a miles de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este modelo ya ha comenzado a replicarse en distintas regiones del país.
Activistas fronterizos y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación, al advertir que El Paso es un punto clave por su alto flujo migratorio, lo que la coloca como candidata prioritaria para este tipo de instalaciones. Señalan que los llamados “almacenes-prisión” suelen generar hacinamiento, deficiencias en atención médica y posibles violaciones al debido proceso, como ha ocurrido en otros estados.
Especialistas en temas migratorios han subrayado que los gobiernos locales cuentan con herramientas legales limitadas para impedir la instalación de centros federales de detención en propiedades privadas, lo que abre la posibilidad de que antiguos almacenes o naves industriales sean reconvertidos sin una consulta amplia con las comunidades.
La preocupación se ha extendido a otras ciudades como Social Circle, Georgia; Merrillville, Indiana; Roxbury Township, Nueva Jersey, además de El Paso, donde autoridades han advertido que la infraestructura de agua y drenaje no está diseñada para soportar centros de detención de gran escala.
A nivel nacional, la red de centros de detención del ICE se ha duplicado durante el último año, superando los 75 mil migrantes detenidos, muchos de ellos provenientes de la frontera sur. En el caso específico de El Paso, el centro de detención del ICE inició operaciones a mediados del año pasado con capacidad para mil personas, aunque proyecciones federales estiman que podría ampliarse hasta cinco mil detenidos.
En el contexto regional, la Cámara de Representantes de Nuevo México aprobó una ley que prohíbe a gobiernos estatales y locales firmar contratos con centros de detención del ICE, lo que impactaría instalaciones cercanas como el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, ubicado a corta distancia de El Paso. La medida ha generado tensiones políticas, con autoridades locales advirtiendo afectaciones financieras, mientras legisladores demócratas sostienen que estos centros representan una carga social y han estado vinculados a abusos contra migrantes.
Hasta el momento, autoridades locales de El Paso no han confirmado planes concretos, aunque el tema ya genera inquietud en comunidades fronterizas, ante el posible impacto que la política migratoria federal tendría en la dinámica social, urbana y económica de la región Juárez–El Paso.
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