La iniciativa busca reducir barreras administrativas y mejorar la comprensión de programas sociales, especialmente para población vulnerable.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de facilitar el acceso efectivo a los derechos sociales en la entidad, la diputada local del Partido Acción Nacional, Joss Vega Vargas, presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa para incorporar de manera expresa el principio de lenguaje claro, sencillo y accesible en la promoción de programas sociales en Chihuahua.
La propuesta legislativa plantea reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano, a fin de armonizarla con la legislación en materia de transparencia y buena administración pública, fortaleciendo este criterio como eje rector en la formulación, ejecución y difusión de la política social estatal.
Durante la exposición de motivos, la legisladora explicó que la incorporación de este principio permitiría reducir barreras administrativas, prevenir errores en los procesos de incorporación a los programas sociales y disminuir la discrecionalidad en su aplicación, además de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
“La incorporación de este principio permitirá reducir barreras administrativas, prevenir errores en los procesos de incorporación a los programas sociales, disminuir la discrecionalidad en su aplicación y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”.
Joss Vega sostuvo que el acceso a información clara y comprensible es una condición indispensable para el ejercicio de los derechos sociales, ya que en la práctica el uso de lenguaje administrativo y jurídico complejo limita la capacidad de las personas para acceder a los apoyos gubernamentales.
“La complejidad del lenguaje administrativo y jurídico con el que suelen difundirse los programas sociales genera obstáculos que afectan de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad”.
La diputada subrayó que la iniciativa busca garantizar una relación más cercana, comprensible y efectiva entre el Estado y la población, particularmente con los sectores que enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
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