El cierre del año confirma un aumento en plagios contra empresarios de perfil medio y personas en movilidad, con víctimas asesinadas y subregistro por falta de denuncias.
Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – Al cierre de 2025, Ciudad Juárez enfrenta un incremento sostenido en los casos de secuestro, un delito que en diversas ocasiones ha derivado en el asesinato de las víctimas y que durante años fue minimizado en el discurso oficial. La tendencia quedó expuesta tras hechos de alto impacto que obligaron a autoridades y líderes empresariales a reconocer públicamente la magnitud del problema.
Uno de los episodios que marcó el año ocurrió el 10 de noviembre, cuando fue localizado sin vida el hijo de un empresario del sector yonkero. El caso detonó un pronunciamiento inusual del sector privado y aceleró el reconocimiento institucional del delito, así como la detención de cuatro presuntos involucrados, de acuerdo con las investigaciones en curso.
Desde el empresariado local se advirtió que el fenómeno presenta un subregistro significativo, debido a que muchas víctimas optan por no denunciar.
“El delito de secuestro es una de las principales preocupaciones en Ciudad Juárez”, señaló el presidente del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF), al subrayar que la falta de denuncias impide dimensionar plenamente el problema.
Las autoridades estatales documentaron 135 víctimas de secuestro durante 2025, según registros de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. De ese total, 94 correspondieron a personas en condición de movilidad, mientras que 41 fueron empresarios de perfil medio, un segmento que los grupos criminales han priorizado por el menor riesgo operativo y el bajo impacto mediático en comparación con grandes corporativos.
La explicación oficial al repunte del delito apunta a un cambio en las fuentes de ingreso de los grupos delictivos, derivado del descenso en el flujo migratorio en la frontera. En este contexto, el secuestro se consolidó como alternativa criminal, con un patrón de violencia extrema que busca eliminar testigos, incluso después del pago del rescate.
De acuerdo con testimonios recabados en investigaciones, el modus operandi incluye vigilancia previa de las víctimas para identificar rutinas, privación de la libertad y reclusión en casas de seguridad, donde se les obliga a grabar mensajes para exigir rescate. Tras el pago, las víctimas son asesinadas y sus cuerpos abandonados en distintos puntos de la ciudad, lo que agrava el impacto social del delito.
El sector empresarial llamó a reforzar la coordinación interinstitucional para contener la escalada.
“El delito de secuestro es uno de los que mayor daño causan por su impacto humano, social y emocional”, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Mesa de Seguridad y Justicia, al urgir a priorizar prevención, investigación eficaz y atención integral a víctimas.
La evolución del delito durante 2025 exhibe una amenaza persistente a la seguridad y a la actividad económica local, con efectos directos en la confianza ciudadana y en la percepción de riesgo en una de las principales ciudades fronterizas del país.
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